Las cuatro patronales de la escuela concertada han pedido al Departament d'Educació que rectifique y renueve por seis años el concierto económico a las 11 escuelas que diferencian a los alumnos por sexo. La resolución del Departament, de 15 de mayo, da por hecho que las escuelas que optan por ese modelo pedagógico quedarán fuera del sistema de conciertos el curso 2021-22 y se lo prorroga por un año "para evitar a las familias [un] grave perjuicio". El resto de centros han visto renovados los conciertos por seis años, como es habitual. La resolución (pdf) "no respeta la normativa vigente", dicen las patronales, que representan más de un tercio del sistema educativo catalán.
Las patronales defienden "una aplicación escrupulosa de la legalidad vigente" y piden al Departament que dirige el conseller Josep Bargalló "una aplicación escrupulosa de la legalidad vigente", dado que "esta actuación no respeta una demanda social, que es una demanda legal" y puede causar "un grave prejuicio a las familias que optan por esas escuelas".
Elección educativa
"Es la obligación de la Administración Educativa garantizar la demanda social que las familias hacen al ejercer su elección educativa", insiste la nota, en que firman la Agrupació Escolar Catalana, la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament, la Federació Catalana de Centres d'Ensenyament y la Fundació Escola Cristiana.
Educació justifica la denegación porque las escuelas afectadas no justificaron "las medidas que toman para evitar la desigualdad" y "las razones pedagógicas en que fundamentan la elección del modelo de educación diferenciada por sexos". Las escuelas afectadas aseguran que, pese a que se les desconectó del sistema informático del Departament y la declaración de estado de alarma, que congeló los plazos administrativos, entregaron la documentación física en el plazo previsto y que Educació la ha "ignorado".
Acciones legales
En una nota enviada a los padres, las escuelas diferenciadas les explican que se trata de "una nueva muestra de estilo del Departament para justificar una decisión que no se sustenta en el marco normativo vigente. Podéis estar tranquilas. El actual marco jurídico ampara nuestro modelo educativo y los tribunales han ratificado la plena legalidad de la educación diferenciada y el derecho de las escuelas a recibir financiación pública como cualquier otro centro educativo".
Estos centros "cumplen los requisitos legales, de la misma manera que lo hacían en anteriores renovaciones. No hay ninguna normativa nueva que sustente que ahora no cumplamos los requisitos", añade la nota, que anuncia que los centros tomarán "las acciones legales oportunas para defender los derechos de las familias a escoger la escuela de sus hijos en condiciones de igualdad, y tenemos la certeza de que esta renovación se resolverá favorablemente en los tribunales".