Los tres jóvenes investigados por los Mossos d'Esquadra por haber colgado carteles difamatorios contra los hermanos Ernest y Pasqual Maragall recibieron el encargo de un militante de Esquerra de la comarca de L'Anoia, que les ordenó dónde debían colgarlos: en sedes del partido republicano en la ciudad de Barcelona y también en centros de enfermos de Alzheimer. En una entrevista en exclusiva a ElNacional.cat, uno de los tres, Pau, ha explicado cómo se organizó esta acción, que primero Esquerra condenó y después se pudo saber que había sido un ataque de falsa bandera, pensado, diseñado y financiado desde la sede nacional del partido, en la calle de Calàbria de Barcelona. Dos de los jóvenes, Pau y G.O., recibieron el día de la acción 50 euros. El jefe del comando, G.F., recibió 200 euros más. De estos, 100 euros se los quedó él y 100 euros más los utilizó para pagar la gasolina y la cena de los tres, en Barcelona, la noche del 8 de marzo de 2023, antes de regresar a Igualada, según ha detallado Pau en las declaraciones a este diario. Pero esta acción de contracampaña descontrolada, que fue investigada como un presunto delito de odio por la Fiscalía de Barcelona, ha costado mucho más dinero.

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La segunda parte de la entrevista a Pau, uno de los jóvenes que colgaron los carteles, desvela novedades interesantes que se complementan con la investigación realizada por la Comissaria General d'Informació de los Mossos d'Esquadra, que puso la lupa sobre los movimientos de una empresa afín a Esquerra, el militante del partido en L'Anoia, V.L., que hacía de enlace con las personas que ordenaban las acciones de la estructura paralela, y G.F., el jefe operativo de la acción de los carteles difamatorios. El encargo de los carteles, el día D, costó 300 euros —según ha podido saber Pau— y él cobró 50. Al igual que su amigo, G.O., que también cobró 50 euros. “Yo en ese momento no estaba trabajando y pienso: '¿Dos horas en Barcelona? Pues pegaremos esto y ya está'. Yo desconocía el contenido (de los carteles) hasta que fuimos a Barcelona y abrimos la caja”, asegura en la entrevista en exclusiva a ElNacional.cat. Pau, sin embargo, sospecha que la acción costó más dinero y que a él se lo ocultaron. Lo supo más tarde, cuando empezaron a notar seguimientos, aparecieron sus imágenes en la prensa y acabaron siendo interrogados por los Mossos d'Esquadra. Según él, el contacto de Esquerra con quien hablaba G.F. cobró 1.000 euros en la primera fase de la acción. Fue V.L. y otro militante, que aún no se ha podido identificar, quienes hicieron la primera gestión con G.F. Él, sin embargo, solo cobró esos 50 euros.

Más dinero cuando salieron las fotos en la prensa

Con la presión de la investigación policial, y tal como explica Pau en la entrevista, pidió más dinero a su jefe, G.F., que finalmente se lo pidió a su interlocutor, el militante de L'Anoia que después pudieron identificar los Mossos. El segundo militante, también republicano, en esta fase desaparece. Pau pudo ver las conversaciones desde una aplicación encriptada, KeyBase, entre él y el militante, donde aceptaba que les pagarían dinero cuando el caso se archivara. Este extremo también se ha confirmado, tal como ha podido saber ElNacional.cat, a partir de las conversaciones intervenidas por los Mossos d'Esquadra de los terminales móviles de G.F. y del militante V.L., que fueron vaciados por orden judicial durante la investigación.

En las conversaciones intervenidas, a las cuales Pau no tuvo acceso, se puede también leer como los dos que estaban en contacto pactaban que el pago se debía producir después de archivarse el caso, pero las presiones de uno de los jóvenes, el mismo Pau, que reclamaba compensar la exposición que había tenido por la investigación de los Mossos, precipitaron los ingresos que recibió G.F., desde la empresa Relevance Marketing, que después derivó, aunque en una pequeña parte, a Pau y a G.O.

 

El mismo Pau no supo en un primer momento de dónde salía el dinero, pero fue el mismo G.F. quien le enseñó las facturas a su nombre, pues era autónomo, a la empresa que le pagaba servicios de marketing y redes sociales, que, supuestamente, no había hecho y que servían para sufragar, en un primer momento, la acción de los carteles de marzo del 2023, y después el dinero que pactaron con los tres jóvenes cuando sus imágenes salieron a la luz y cuando fueron acusados formalmente de un supuesto delito de odio. Pau pudo ver las facturas y con datos de estas llegó a confirmar que los pagos provenían de la empresa que llevaba a cabo servicios de comunicación y publicidad para ERC, según ha detallado él mismo. En las investigaciones realizadas por los Mossos estas facturas que pudo ver Pau de Relevance Marketing también están. En total, según ha podido saber ElNacional.cat, están incorporadas una decena de facturas a favor de G.F. que suman, en varias operaciones, casi 40.000 euros.

 

“Pedimos 70.000 euros”

Pau, tal como explica a ElNacional.cat, habló con G.F. “Le dije: 'Escucha, pongámonos en el peor de los casos. Un delito de odio es de uno a cuatro años de prisión y si yo me voy a la cárcel ahora por tu culpa, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que sumar, pues mira, pasaré cuatro años en la cárcel, a tantos euros diarios que yo necesito para sobrevivir allí…'. Hicimos una suma y dijimos: 'Escucha, les propondremos una idea, a ver si la aceptan y porque, a ver, ellos nos han ordenado el trabajo'. Les pedimos como 70.000 euros”, explica en esta entrevista a ElNacional.cat, que se publica como segunda parte. Sus interlocutores les respondieron que no tenían suficiente logística para pagar tanto dinero. Y pidieron 45.000 euros. Esta cantidad, según conversaciones que vio Pau entre G.F. y el militante de L'Anoia, los superiores de V.L. sí que la aceptaron pagar, pero cuando el caso estuviera archivado. Las presiones hicieron que adelantaran parte del dinero.

¿Y Pau cobró? “Una parte muy pequeña, pero sí”, asegura. ¿Cuánto dinero? Según sus declaraciones en esta entrevista, solo ha cobrado, aparte de los 50 euros iniciales, dos pagos más. Uno de 300 euros y un móvil, según él, para eliminar todas las pruebas que pudiera haber en el antiguo terminal, que entregó a G.F., y también más adelante, antes de finalizar el 2023, de 1.900 euros, en una transferencia desde una cuenta de G.F. La idea de los 45.000 euros que les prometieron —y con facturas consta que se pagaron— era que se tenían que repartir en varias cantidades, según el rol de responsabilidad en la acción. G.F. debía cobrar 20.000, Pau 15.000 y el tercero, G.O., 10.000 euros, según detalla Pau.

 

El resto del dinero que supuestamente cobró G.F. desde Relevance Marketing y que consta en el atestado policial realizado para intentar aclarar quién había ordenado la acción —más allá del militante de L'Anoia y los tres jóvenes de Igualada—, que no pudo seguir más arriba ni llegar a quien había ordenado hacer los carteles contra los Maragall, no llegó nunca a ser ingresado a Pau, apunta él mismo.

“Hay gente que no ha recibido lo que tenía que recibir”

“Me siento abandonado”, asegura en la entrevista. “Que yo lo que menos busco ya es dinero, no hace falta”, apunta, también, antes de pedir disculpas a los hermanos Maragall y mostrarse arrepentido, como publicó ayer ElNacional.cat. Según ha explicado Pau, los 70.000 euros que pidieron, y después los 45.000 que aceptaron, eran para callar, para no explicar nada. G.F., en varios mensajes intervenidos por los Mossos, avisa a V.L. que no podrá contener a los otros dos si no pagan. Y esto es lo que desencadena que los interlocutores no identificados de V.L. ordenen el pago a los “nens”, como se refieren a ellos en algunas conversaciones. Pau lo explica también en esta entrevista a ElNacional.cat: “Si yo no hubiera visto las fotos y no hubiera salido ninguna foto o algo, no nos habríamos puesto así”. Les dijeron que lo tenían todo controlado y que no pasaría nada, pero los Mossos llegaron a sus fotografías.

“Si sale mi cara y si sale mi identidad, pues yo tengo que recibir algo o tengo que asegurarme de alguna manera”, relata. Y avisa que no ha recibido nada de lo que le prometieron después de ser investigado, imputado y vigilado por los Mossos d'Esquadra. “Hay gente que no ha recibido lo que tenía que recibir”, apunta. “La orden que había era que cuando se cerrara el caso, nos pagarían lo que faltaba, pero ahora no sé si hay caso cerrado o caso más abierto”, reflexiona.

El papel de Relevance

Si se confirman las sospechas de Pau, que avalan las facturas que tienen en su poder los Mossos d'Esquadra, y que constan en el atestado policial del sumario del caso, en el juzgado de instrucción 27 de Barcelona, Relevance, la empresa que servía a Esquerra para realizar campañas de publicidad y marketing, era a quien los miembros ejecutores de la estructura paralela de propaganda, emitían las facturas para cobrar los servicios. Relevance ha estado estrechamente ligada con el partido de la calle de Calàbria y desde el inicio de las investigaciones de este caso, primero por un supuesto delito de odio y también en las pesquisas periodísticas para aclarar quién ordenó los carteles contra los Maragall, que se ha podido saber que los trabajos que había realizado esta estructura clandestina, bautizada como 'la B' y que funcionaba por chats de Signal y aplicaciones encriptadas, los pagaba esta empresa.