Gracias a la LOREG, los partidos políticos pueden recopilar datos personales sin consentimiento a través de varias vías. Es eso lo que ahora quiere limitar el PDeCAT, que ha registrado en el Congreso una proposición de ley, a la que ha tenido acceso El Nacional, para impedirlo. Los demócratas piden la supresión del artículo 58bis de la ley electoral, que es el que ampara esta práctica contraria a la privacidad. El precedente claro está: el escándalo de Cambridge Analytica y la campaña de Donald Trump.

El artículo 58bis de la LOREG establece que "los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral". Esta prerrogativa fue introducida en una reforma de la norma electoral en el 2018.

 

Desde el PDeCAT denuncian que "con ello se abre la puerta a los partidos políticos para rastrear los datos personales, sin consentimiento, a los efectos del envío de propaganda electoral, vulnerando la privacidad, transparencia y seguridad jurídicas de los ciudadanos". Y añaden: "El artículo permite una intromisión de los partidos en la esfera personal amparándose en un hipotético interés público".

"La amplitud de la interpretación de los conceptos de interés público o actividad política supone un riesgo para la limitación del tratamiento de datos personales y la transparencia", elerta al grupo demócrata en Madrid. En este sentido, señalan que "no hay ni exigencia para los partidos ni especificación para establecer la finalidad de la recopilación de información y la identidad del responsable de la recopilación de datos".

Finalmente, desde el PDeCAT recuerdan el escándalo de Cambridge Analytica, que "recopiló información ideológica de millones de usuarios de Facebook y los vendió a la campaña de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los EE.UU. para manipular e influir en la propaganda electoral, sin que los mismos usuarios lo supieran". A través de un censo de "ciudadanos afines y ciudadanos opositores" hicieron llegar propaganda electoral y fake news. "No resulta admisible abrir estas prácticas desde la propia legislación estatal española", concluyen.

Como consecuencia de la disolución de las Cortes el próximo 5 de marxo, la iniciativa deberá esperar a la próxima legislatura para ser tramitada.