El PDeCAT ha consumado la ruptura del pacto de gobierno que mantenía con el PSC en el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat después de la negativa de la alcaldesa, la socialista Pilar Díaz, a poner a disposición de la Generalitat locales de votación para el referéndum del 1 de octubre.

En un comunicado, el PDeCAT ha informado que el pasado 20 de julio la asamblea local ya aprobó romper el pacto de gobierno por el malestar que los asociados al partido habían manifestado en reiteradas ocasiones, pero no ha sido hasta ahora que ha notificado la decisión al PSC.

"El PSC ha tenido y tiene la oportunidad de posicionarse al lado de la democracia y dar cumplimiento a la ley catalana y facilitar que los ciudadanos de Esplugues puedan ejercer su derecho a decidir, pero hasta el día de hoy esto no ha sido posible y tras el comunicado de la alcaldesa no tenemos más opción que romper el pacto de gobierno", ha manifestado el presidente del PDeCAT de Esplugues, Pere Clota.

De esta forma, el concejal del PDeCAT Santi Siquier, que hasta ahora era el responsable de Transport, Mobilitat, Transparència i Bon Govern, pasa a la oposición, mientras que el otro concejal del partido, Albert Comellas, ya había abandonado hace unos meses sus responsabilidades de gobierno por su enfrentamiento con los dirigentes de la formación soberanista.

Fuentes del PSC de Esplugues han enmarcado la ruptura del pacto de gobierno en la crisis en el seno del grupo municipal del PDeCAT y han resaltado que el partido demócrata ha hecho una valoración positiva del pacto de gobierno, cuya ruptura deja en minoría a los socialistas.

El pasado mes de abril, el PDeCAT de Esplugues aprobó cesar a Albert Comellas como su jefe de filas en el Ayuntamiento y le pidió que devolviera al partido el acta como concejal, una petición que Comellas rechazó, por lo que sigue dentro del grupo municipal demócrata.

A su vez, Comellas llevó la decisión del PDeCAT a la Comisión para la Calidad Democrática del partido y presentó una querella contra los dirigentes de la formación a nivel local por amenazas, coacción y tentativa de malversación de caudales públicos al denunciar que le habían presionado para que contratara a un asesor a sueldo del grupo municipal.