El PDeCAT quiere aprovechar la vuelta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para lograr que el Congreso declare la nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante el franquismo y la Guerra Civil, así como los juicios que estos dictaron. La medida no prosperó el pasado mes de mayo, cuando la Cámara Baja aprobó el traslado de los restos del dictador Francisco Franco, a propuesta de los socialistas, porque la gestora se negó a incluir el punto que ahora reclaman los demócratas catalanes. Estos confían, sin embargo, en que la llegada de Sánchez sirva para decantar el escenario.
El portavoz del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha recordado que el secretario general aboga ahora por declarar nulo el juicio al president Lluís Companys, como gesto con Catalunya. El punto se circunscribe en la Declaración de Barcelona, que es la iniciativa política que PSOE y PSC quieren llevar a cabo para contrarrestar las pretensiones soberanistas. El hecho indignó a ERC: Joan Tardà recordó que cada vez que se había intentado aprobar una medida similar, esta había caído en saco roto porque los socialistas habían votado en contra. "Cínicos" y "miserables" les llamó el republicano.
Entre los motivos expuestos en la proposición registrada el 18 de julio –aniversario del Alzamiento franquista–, Xuclà expone que la Ley de Memoria Histórica de 2007 "se quedó corta" porque José Luis Rodríguez Zapatero solo aprobó la "ilegitimidad" de tribunales y sentencias. En paralelo, en Alemania, en el año 1998 se acordó declarar nulos los juicios nacionalsocialistas. Y once años después se hizo lo mismo con la globalidad de los juicios por "razón política, militar, racial, religiosa o ideológica". Este es el redactado que el PDeCAT quiere incluir en el artículo 3 de la ley española.
Los demócratas piden a su vez que la ley decrete la nulidad del Tribunal de Orden Público (TOP), pero también el de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra, con respecto a las condenas y sanciones dictadas "contra quienes defendieron la legalidad institucional" republicana, "pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución", según expone el texto. (Consulta aquí)
Xuclà ha comunicado al PSOE y Partido Popular el registro de la iniciativa y espera que se pueda aprobar antes de finales de año. El demócrata apuesta porque los dos grupos mayoritarios sean coherentes con aquello que también se aprobó en el Parlament y permitió que la nulidad afecte a los juicios de toda España y no solo a los que se dictaron a Catalunya. Así y todo, los populares siempre se han mostrado reticentes: la diputada Alícia Sánchez-Camacho incluso afirmó durante el debate en el Congreso que había una suerte de pacto implícito entre PP y PSOE para no avivar los fantasmas del pasado.