El mes de agosto enfila los últimos días y la actividad política va recuperando progresivamente su ritmo. Después de unas semanas marcadas, especialmente, por la investidura de Salvador Illa, el pacto entre el PSC y ERC para una nueva financiación para Catalunya y el retorno a Barcelona de Carles Puigdemont, la Moncloa y el PP vuelven de las vacaciones y reanudan su agenda habitual: ayer los populares reunieron al Comité de Dirección y hoy vuelve el Consejo de Ministros. A partir de ahora, Pedro Sánchez tiene sobre la mesa seis retos que pondrán a prueba la estabilidad del Gobierno en diferentes frentes y marcarán el transcurso, el futuro y el desenlace de la legislatura. Los acuerdos en Catalunya, la aritmética parlamentaria en el Congreso de los Diputados, la agenda judicial de las investigaciones de corrupción y de la ley de amnistía y la crisis migratoria en las Canarias se sitúan como ejes primordiales de los meses que tienen que venir. Y obligan al líder socialista a un ejercicio de resiliencia que pondrá a prueba su capacidad funambulista.
La materialización de la nueva financiación para Catalunya
El que se augura que será el hueso más duro de roer para el Gobierno será la nueva financiación para Catalunya acordada entre el PSC y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa. Todo hace prever que la Moncloa, obligada a hacer equilibrismos, podría acabar entre la espada y la pared por las presiones en ambos lados. Todo se ha enrevesado acentuadamente en la última semana: María Jesús Montero negó que el pacto fuera un “concierto económico”, ERC amenazó al Gobierno con tumbar los presupuestos y la Moncloa se limitó a garantizar el compromiso con aquello acordado y esquivó los “debates nominales”. Sea como sea, a partir de ahora el Gobierno necesitará dar forma al pacto contraído con los republicanos, que todo hace pensar que tendrá que ser avalado y validado por el Congreso de los Diputados. Y no será fácil.
Eso requerirá, sí o sí, el apoyo de Junts y el voto a favor, entre otros, de Compromís y la Chunta Aragonesista, que ya han mostrado sus reticencias a esta cuestión. Además, el PSOE también tendrá que hacer frente a las críticas internas. A los habituales barones discrepantes, Emiliano García-Page y Javier Lambán, y a las críticas frecuentes de Felipe González, ahora se ha sumado Josep Borrell, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos exteriores y Política de Seguridad, que ha entrado en el choque con la versión oficial contradiciendo a María Jesús Montero: “Eso de Catalunya se llama concierto”. Además, antes de las vacaciones, los líderes territoriales socialistas reclamaban una reunión con Sánchez. De momento, quien ha dado el paso es el PP, que reunirá la semana que viene a sus barones y ha aprobado un comunicado contra la “independencia fiscal” de Catalunya que denuncia que el pacto entre el PSC y ERC es un “intento ilegítimo de modificar la Constitución por la puerta de atrás”.
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Con la mirada puesta a los presupuestos de 2025
En clave española, el primer gran reto de la Moncloa será activar y poner en marcha la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó la semana pasada que su equipo tiene “muy avanzado el esqueleto” de las nuevas cuentas y anunció que cuando empiece el mes de septiembre, iniciarán “los contactos con los grupos políticos que manifiestan disposición a poder negociar los presupuestos” con “mano tendida y diálogo permanente”.
El paso previo (e imprescindible) que tendrá que hacer el Gobierno será conseguir la luz verde del Congreso a la senda de déficit. Justo en julio, Junts votó en contra y frenó las cuentas. “Catalunya queda al porcentaje de ejecución más bajo de todo el Estado, a pesar de ser la tercera comunidad que más recursos aporta”, argumentó el diputado Josep Maria Cruset. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fija que “si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos” el Gobierno tendrá un “plazo máximo de un mes” para volver a presentarlos.
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El PSOE, que renunció a los presupuestos del 2024 hace unos meses a consecuencia de la convocatoria anticipada de elecciones en Catalunya que hizo Pere Aragonès cuando los comunes tumbaron las cuentas catalanas, necesitará tener ligados los votos de todos los partidos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez para sacar adelante las nuevas cuentas públicas. En los últimos meses, el independentismo catalán le ha dejado claro que será exigente. Por una parte, Carles Puigdemont ha amenazado a Sánchez con no avalar los presupuestos “si no se revierten los incumplimientos históricos con Catalunya”. Por otra parte, ERC consideraba en marzo que la única solución para revertir la baja ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya es que “la Generalitat sea quien ejecute todas las inversiones estatales para los catalanes” y exigía a la Moncloa que “traspase los recursos para hacer estas inversiones”.
La mitigación de la crisis migratoria de las Canarias
Otro frente que tendrá abierto el Gobierno, y en el que ya está trabajando, es la crisis migratoria causada por la llegada de menores a las Islas Canarias. Después de la reunión del viernes pasado entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo (presidente canario), los dos dirigentes coincidieron en que la única vía posible es reformar el artículo 35 de la ley de extranjería para que la acogida de migrantes por parte de las comunidades autónomas sea obligatoria. Eso mismo se intentó el mes de julio, pero descarriló a causa de la negativa del PP, Junts y Vox. Además, el Gobierno ha prometido 50 millones de euros hasta finales de año para que Canarias pueda hacer frente los gastos de la llegada y acogida de menores migrantes.
Justo este martes, Sánchez arranca una gira por África que lo llevará a Mauritania, Gambia y Senegal. El presidente español firmará nuevos acuerdos en la apuesta por la migración circular, una modalidad de contratación de migrantes en origen que vuelven después de completar su trabajo: en los dos primeros casos, Sánchez suscribirá nuevos acuerdos, mientras que, con Senegal, se ampliará el alcance de los acuerdos vigentes. El objetivo de los nuevos acuerdos es que los nativos puedan optar por viajar a España con un contrato temporal de trabajo y volver posteriormente a su país de origen sin tener que jugarse la vida en un cayuco en el océano Atlántico.
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La aplicación de la ley de amnistía y la posible resolución de los primeros recursos al TC
El Gobierno también tendrá sobre la mesa la aplicación llena de la ley de amnistía. De momento, la llegada del mes de septiembre vendrá acompañada de la resolución del recurso de Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la norma del olvido penal y mantener en vigor la orden de detención. Y empezará la cuenta atrás para que Puigdemont pueda ir al Tribunal Constitucional. Justo después del regreso y posterior marcha del presidente en el exilio, el ministro Óscar Puente acusó al juez Pablo Llarena de haberse “extralimitado” con una interpretación de la amnistía que “no hay por donde cogerla” y el ministro Félix Bolaños reiteró la “discrepancia” con los jueces del Supremo, que se quedaron solamente al lado de Vox. Mientras tanto, el PP reprueba el “señalamiento” a Llarena y los vocales conservadores fracasan intentando que el Consejo General del Poder Judicial cargue contra Puente.
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Durante el mes de agosto, quien también ha subido la voz ha sido Junts, que ha criticado con dureza la posición del PSOE y del Gobierno delante del Supremo. El secretario general del partido, Jordi Turull, reprochó a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que no estén actuando ante la no aplicación de la amnistía. “No es suficiente con criticar, si alguien sabe que se comete un delito, y eso presuntamente es un delito de prevaricación, tiene que actuar”, esgrimió en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio. Y en una rueda de prensa, consideró que el Gobierno “podría hacer bastante más” para la aplicación efectiva y total de la amnistía: “Se tendría que actuar jurídicamente contra los jueces que han decidido no aplicar la ley contra determinadas personas”, afirmó. Por su parte, Eduard Pujol disparó contra la “cobardía” del Gobierno y lamentó que, ante la “prevaricación judicial del Supremo, saltándose, no obedeciendo y no respetando lo que se aprueba en el Congreso”, la Moncloa “permita que no se aplique una ley legal y vigente”.
Y todo eso sirve a Junts para advertir a Pedro Sánchez. Si el Gobierno “mira hacia otro lado”, eso “no tiene ningún recorrido”, advirtió Turull en una entrevista en El Món a RAC1 hace dos semanas. El secretario general de Junts anticipó que la reacción de la Moncloa ante la actuación de los jueces del Tribunal Supremo “estará sobre la mesa en la próxima reunión con el PSOE con la mediación internacional” y avanzó que, a partir de aquí, “se tendrán que tomar decisiones”. Turull no delimitó el alcance de las futuras decisiones, pero subrayó que “no se puede descartar nada” y puso de relieve que, además, el acuerdo entre el PSC y ERC “ha cambiado mucho el relato del marco mental, las condiciones y las bases” del Acuerdo de Bruselas, la alianza entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.
Las investigaciones de corrupción que sobrevuelan la Moncloa: Begoña Gómez y el caso Koldo
La corrupción tampoco desaparece de la agenda política. I Pedro Sánchez tiene delante dos frentes abiertos. Por una parte, el Gobierno se fue de vacaciones después de que Sánchez se acogiera a su derecho a no declarar como testimonio en la investigación a su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Justo la semana pasada, el juez Juan Carlos Peinado argumentó que se pueden sacar “conclusiones” del “silencio” de Sánchez, que fue “legítimo” pero que permite “dar lugar a la formación de inferencias”. Además, el magistrado dio traslado a las partes de la grabación de la declaración del presidente español.
En julio, la reacción del líder socialista fue querellarse por prevaricación contra el juez Peinado ante el “atropello” a sus derechos. A partir de la semana que viene, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tendrá que decidir sobre su admisión a trámite: el ponente será Francisco José Goyena (el juez que pidió al Supremo que investigue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos). Begoña Gómez siguió el mismo camino que su marido y presentó una querella contra el magistrado por prevaricación y revelación de secretos ante una “filtración constante” de documentos que ha causado “indefensión”.
Por otra parte, el caso Koldo ha vuelto a la primera línea política después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, cesara a los dos altos cargos que están investigados después de conocer los resultados de la auditoría sobre las compras de mascarillas durante la pandemia: son el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y el director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda. De hecho, la publicación de la auditoría, que revelaba que se habían duplicado las compras de mascarillas en 38 minutos, levantó mucha polvareda. Sin ir más lejos, el exministro José Luis Ábalos puso en cuestión la legitimidad de la investigación y aseguró que “no había respetado derechos fundamentales”.
El resultado de las elecciones en Venezuela
Finalmente, a escala internacional, el tema más relevante será la situación en Venezuela, que hace semanas que ha abierto una brecha entre el Gobierno y el PP. Los populares hace días que reclaman a la Moncloa que reconozca la victoria de la oposición venezolana, encabezada por Edmundo González. Ahora bien, de momento, el Gobierno se sigue negando porque, según José Manuel Albares, no sería “responsable”. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación mantiene la exigencia de que Nicolás Maduro publique las actas electorales y no descarta adoptar nuevas sanciones contra Venezuela en caso de que no lo haga. Justo hace diez días, la UE, los Estados Unidos y una veintena de países reclamaron las actas de los comicios y apostaron por una verificación “imparcial” e “independiente” de los resultados. El viernes pasado, el Ministerio de Exteriores insistió que para reconocer los resultados es “indispensable que se publiquen de forma íntegra y verificable las actas” después de que el Tribunal Supremo de Venezuela confirmara la victoria de Maduro. A pesar de eso, ayer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela reconoció la falta de transparencia en las elecciones.