El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este jueves la propuesta de la Comisión Europea que pretende armonizar las penas de los delitos de corrupción en la Unión Europea. Al fin y al cabo, se trata de una propuesta que, si prospera, obligará a España a endurecer las penas del delito de malversación. "Es una buena noticia" la propuesta que ha hecho la Comisión Europea, ha manifestado el presidente socialista en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Ahora bien, Sánchez ha evitado pronunciarse de forma explícita sobre el hecho de que la propuesta de Bruselas obligará a España a endurecer sus penas y, por lo tanto, modificar un Código Penal que ya retocó hace unos meses por reformar, precisamente, los delitos de sedición y de malversación. No ha aclarado nada en este sentido, pero sí que ha querido sacar pecho del trabajo de su ejecutivo y ha dicho que la Comisión Europea coge a España "con los deberes hechos". Se ha referido así al hecho que en la última reforma del Código Penal se introdujo ya el delito de enriquecimiento ilícito.
Las palabras de Pedro Sánchez han llegado al día siguiente de que la Comisión Europea presentara una propuesta para armonizar las penas del delito de corrupción por toda la Unión Europea. La propuesta de Bruselas pasa por, concretamente, que los delitos de malversación sean castigados con una pena máxima de, al menos, cinco años de prisión. Se trata de un castigo máximo superior a algunos tipos en el Código Penal español. Es decir, que la reforma pactada hace unos meses entre el PSOE, Esquerra Republicana y Podemos tendría que volver a modificarse otra vez.
Ahora mismo, en el Código Penal español se contemplan para determinados casos penas por malversación de uno a cuatro años a aquel funcionario o autoridad pública que dé al patrimonio público que tiene que administrar "una aplicación diferente de aquella a la que estuviera destinado". En otras palabras: no meterse dinero en el bolsillo, pero sí destinarlo a finalidades diferentes de las que realmente estaba previsto. Si no se produce un daño grave, este delito podría quedar penado sencillamente con una multa.
Pablo Llarena mantiene su persecución a Puigdemont
Hay que puntualizar, no obstante, que a ojos de la justicia española eso no se aplica en el caso del independentismo catalán: la reforma fue esquivada por el juez Pablo Llarena, que intenta castigar al president de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, con la pena máxima. Según el juez español, Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig tienen que ser juzgados por los delitos de malversación agravada.
Lejos de Madrid, la idea de Bruselas es actualizar y armonizar las normas de la Unión Europea sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir toda la gama de delitos de corrupción, prevenir mejor la corrupción y mejorar la aplicación de la ley. Esta propuesta de directiva tendrá que ser negociada por los estados miembros y el Parlamento Europeo.