En domingo y a media tarde el Gobierno ha reaccionado a la defensiva en el caso Llarena ante la tormenta que le cae encima por haber, supuestamente, abandonado a su suerte al magistrado del Tribunal Supremo y principal instructor de la causa general contra el independentismo, Pablo Llarena.
Por medio de una nota de prensa distribuida poco después de las cuatro y media, el ejecutivo español ha defendido que ha actuado con "total diligencia" y ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios para la defensa de nuestra soberanía jurisdiccional", en referencia a la situación creada después de que el Govern en el exilio haya presentado una demanda en Bélgica contra Llarena.
En la nota se especifica que se ha contratado un despacho de abogados en Bélgica y que el ejecutivo ha dado todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial "hasta este momento" en relación con la demanda contra el juez para defender los intereses del país, y que atenderá las peticiones "de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española" que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial.
Llarena, instructor de la causa abierta por el "procés", debe comparecer el 4 de septiembre en Bélgica a raíz de la demanda civil presentada allí contra él por el president Carles Puigdemont, que alegó que no respetó su derecho a la presunción de inocencia.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya anunció el pasado viernes la voluntad de contratar un bufete de abogados en Bruselas por si en el momento de admitir a trámite la demanda civil contra Llarena se hace alguna referencia al papel de la justicia española en la instrucción del caso contra el 1-O. También dejó claro, sin embargo, que el gobierno español no defenderá en ningún caso "actos privados" del juez, en referencia a declaraciones públicas que ha hecho y que se recogen en la demanda.
Alud de críticas
Este comunicado se produce después de que durante el fin de semana diferentes asociaciones de jueces y fiscales, así como los partidos políticos, se hayan pronunciado sobre este asunto, la mayoría reclamando al Gobierno que asumiera la defensa de Llarena.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales acusaron el viernes al Ejecutivo de "dejación de funciones" en un comunicado conjunto en el que exigieron que asumiera la defensa de Llarena.
Estas asociaciones profesionales reaccionaron así después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegurara que, aunque el ejecutivo iba a defender la jurisdicción de España en la demanda civil contra el juez, el amparo legal y el apoyo al juez le corresponden al mismo Poder Judicial.
Tras el comunicado conjunto publicado el viernes, la Unión Progresista de Fiscales instó este sábado al Estado a personarse en el procedimiento abierto en Bélgica para defender la inmunidad de jurisdicción de los tribunales españoles.
Finalmente, hoy Juezas y Jueces para la Democracia ha considerado que la actuación del Ministerio de Justicia en el procedimiento abierto en Bélgica a raíz de la demanda civil de Puigdemont contra el magistrado es "correcta y ajustada al derecho".
PP y Ciudadanos también han reclamado al Gobierno a lo largo del fin de semana que actuara en defensa del magistrado y anunciaron peticiones de comparecencia e iniciativas parlamentarias en este sentido.