Rechazada la petición del PP de Isabel Díaz Ayuso. El Consejo de Estado ha enviado un informe a la Asamblea de Madrid que avala que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no está obligado a comparecer en la comisión de investigación que trata de aclarar si hubo un trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con Begoña Gómez. La sesión final de la comisión de investigación de la cámara madrileña se suspendió el 19 de febrero, a la espera de que el Consejo de Estado aclarara si Sánchez tenía que comparecer, o no, en la comisión. El Gobierno ya había confirmado que Sánchez no asistiría a la comparecencia, apelando a dictámenes previos del Consejo de Estado que eximen al presidente del Gobierno a las citaciones de los parlamentos autonómicos.

A pesar de los dictámenes en contra, la Asamblea de Madrid, liderada con mayoría absoluta por el PP, intentó citar a Sánchez. En el último informe, consultaba al Consejo de Estado si podía citar a declarar al presidente del Gobierno no en su condición institucional, sino por "la mera condición personal", en este caso por ser el esposo de Begoña Gómez, que es el objeto de la investigación.

Comisión Begoña Gómez

Begoña Gómez asistió a la comisión de investigación el pasado mes de noviembre, pero no respondió las preguntas de los diputados porque está imputada. En concreto, el juez Juan Carlos Peinado la investiga desde el mes de abril por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y por apropiación indebida e intrusismo profesional por, supuestamente, haberse quedado un software de la Complutense.

La última persona que ha comparecido como investigada ante el juez Peinado por el caso Begoña Gómez ha sido la asesora que tiene en la Moncloa, Cristina Álvarez, que hace solo unos días negaba que influyera en la Universidad Complutense de Madrid o ningún patrocinador antes de la creación de su cátedra, que codirigía en octubre de 2020. El pasado mes de diciembre, compareció como testimonio y explicó que la contrataron en 2018 para asistir a la mujer del presidente del Gobierno para gestionar su agenda pública y privada y para llevar un control de sus actividades a efectos de seguridad. Un mes y medio después, el magistrado decidió imputarla por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ante el juez, en calidad de investigada, negó que realizara gestiones con la Complutense o empresas patrocinadoras para beneficiar a la esposa del presidente del Gobierno antes de la creación de la cátedra.