El Gobierno ha parado el primer golpe en la batalla por la oficialidad del catalán en la UE. No lo ha logrado, pero el tema sigue vivo. Conscientes de que el PSOE se juega la Moncloa, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha desplegado una entusiasta defensa de la oficialidad de la lengua ante el Consejo de Asuntos Generales de este martes. Ha insistido en ello incluso después de constatar que algunos de los representantes de los 27 estados de la Unión habían reiterado sus recelos a las puertas de la reunión. Tan a fondo ha ido el ministro, que incluso ha renunciado a lograr a la vez el despliegue de la oficialidad para el gallego y el euskera. Ha asegurado que algunas voces dentro de la reunión habían advertido que sumar tres nuevas lenguas de una tacada era excesivo y ha planteado una propuesta gradual que permita, en primer lugar, la entrada del catalán entre las lenguas oficiales de la Unión. Con ello, Albares ha superado el primer round y ha podido afirmar que había cumplido el compromiso que había adquirido con Junts. Pero todavía le esperan dos citas más del Consejo de Asuntos Generales antes de un supuesto debate de investidura de Sánchez. El ministro tiene programadas nuevas reuniones el 24 de octubre y el 15 de noviembre. Ahora, además, con los partidos vascos y gallegos rebotados.
La oficialidad del catalán en Europa —y en el Congreso— fue la exigencia de Junts para votar a favor de Francina Armengol como presidenta de la cámara baja. El incumplimiento de este compromiso podría dejar las negociaciones para la investidura en una situación complicada. "Esto no es suficiente y el estado español lo sabe", ha advertido Carles Puigdemont mediante un tuit, en el que ha manifestado que, aunque nunca se había avanzado tanto, "queda trabajo por hacer". El líder de Junts ha advertido de que el camino iniciado debe ser irreversible "y sin tener que esperar demasiado".
Fuentes diplomáticas aseguran que España no se la quiere volver a jugar llevando de nuevo la propuesta sobre la oficialidad de la lengua al Consejo de Asuntos Generales sin tener garantizada su aprobación. Además, subrayan las dificultades con las que chocará para garantizar el apoyo de países como Suecia y Finlandia, con gobiernos conservadores y con presencia de extrema derecha, hasta que la investidura de Sánchez no haya disipado del todo las posibilidades de un gobierno del PP también en España. No obstante, Junts ha dejado clara la desconfianza hacia Sánchez y exige que los compromisos se cumplan por adelantado, antes de comprometerse a apoyar en una investidura.
Malestar de vascos y gallegos
En cualquier caso, la formación de Carles Puigdemont ha valorado la defensa que ha hecho Albares del catalán, que el proceso para la oficialidad se haya puesto en marcha y, especialmente, el hecho de que se haya apostado por una propuesta gradual que abrirá la puerta de la UE, en primer lugar, al catalán, lo cual agilizará el procedimiento, según Albares. El ministro ha argumentado que el catalán es la lengua que lo ha reclamado con más insistencia y la que tiene un mayor número de hablantes, que la sitúa entre las quince más importantes de Europa. Además, el catalán es oficial en Andorra, un país europeo que, a pesar de no formar parte de la UE, está negociando un tratado de asociación.
Esto ha provocado, sin embargo, la apertura de un nuevo frente para el PSOE, con reproches de Bildu, PNV y BNG, tres formaciones imprescindibles también para la investidura de Sánchez. El secretario de Estado, Pascual Navarro, ha evitado profundizar en este tema en la rueda de prensa posterior a la reunión para no caldear más los ánimos. Tampoco ha querido concretar cuáles eran los países que —según había explicado el ministro— habían expresado recelos al hecho de que fueran tres las lenguas que reclamaran su oficialidad. De hecho, uno de los ministros presentes en la reunión ha puesto en cuestión en los pasillos del Consejo que algún país se hubiera posicionado en contra de que fueran tres las lenguas que se incorporaran a la vez. Ha asegurado que no lo recordaba y ha insistido en que los principales obstáculos para la oficialidad de las tres lenguas son de tipo económico y por el precedente que se abriría con esta decisión.
Dudas legales aclaradas
Aparte de este punto, desde Catalunya se destaca que el Gobierno haya desactivado las reticencias legales que argumentaron los servicios jurídicos europeos cuando España planteó la oficialidad en 2005. Este martes, el ministro ha replicado a aquel informe con el artículo 25.2 del Tratado, que avala las traducciones en lenguas consideradas oficiales en los respectivos territorios. En cuanto a las reticencias provocadas por el coste que puede comportar esta propuesta, España ha garantizado que asumirá los gastos, al igual que ha hecho desde 2005.
Con todo, desde el Govern de la Generalitat se ha criticado la decisión de aplazar la votación de la oficialidad. La portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja, ha reprochado que el ejecutivo español tenía "el deber y todo a su alcance para que el Consejo de la Unión Europea pusiera fin a la anomalía democrática que supone que el catalán todavía no sea lengua oficial en las instituciones europeas". "Han hecho el trabajo mal, tarde y a contrarreloj", ha reprochado.