El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que el Consejo de Ministros calcula tener listo de cara a este mes de julio el anteproyecto de la nueva Ley de Secretos Oficiales. Se trata de un texto que tiene que sustituir el que hay vigente desde 1968, en pleno franquismo, y que tiene como uno de los grandes objetivos regular el acceso de los jueces a estas informaciones. Según el jefe del ejecutivo, los equipos técnicos ya ultiman un texto que "permitirá adecuar el ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y adaptarlo la ley a los estándares internacionales".

El proyecto, según Sánchez, permitirá homologar la regulación española "con las democracias más avanzadas" cumpliendo los requisitos de la UE, la OTAN y los tratados internacionales. El presidente del Gobierno ha asegurado que este proyecto se encuentra ahora mismo en su última fase de elaboración, y ha recordado que establecerá el sistema reglado para la clasificación y desclasificación de documentos; así como regular los procedimientos para que los jueces puedan acceder a la información clasificada.

Esta reforma de la Ley de Secretos Oficiales consta en el plan normativo del Gobierno de cara a este año 2022. Pedro Sánchez se comprometió a reformar la Ley de secretos oficiales en mayo del 2021, y desde entonces la promesa de la reforma ha emergido en varias ocasiones, la última en motivo del Catalangate en el marco de las iniciativas del Gobierno para paliar aquella crisis, en la cual se supo que las cloacas del Estado habían utilizado el software espía Pegasus para investigar políticos y personalidades del mundo independentista catalán, así como otros disidentes del estado español.

Los pasos para aprobar la nueva Ley de Secretos Oficiales

Una vez el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto, el Gobierno remitirá el texto al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Posteriormente, el Consejo de Ministros lo aprobará como proyecto de Ley, y el texto irá a parar al Congreso, donde los grupos podrán introducir enmiendas antes de su aprobación.

Hay que recordar que este proceso parte de una iniciativa del Partido Nacionalista Vasco (PNV) defendida desde el año 2016. La voluntad de renovar la Ley de Secretos Oficiales, sin embargo, había chocado de manera constante con el "No" del PSOE y del PP. Ahora, no obstante, el Gobierno se mostró abierto y predispuesto a actualizar el texto, y la Moncloa creó una comisión bajo la batuta del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, donde también han participado los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores.

Según el Gobierno, la reforma pondrá al día los procedimientos y evitará brechas de seguridad, además de incluir también las garantías a los derechos individuales de las personas. La Ley podría establecer un límite de entre 10 y 25 años para la desclasificación de documentos, en función de su grado de reserva.