Castigo mínimo. La Audiencia de Barcelona ha condenado a seis meses de prisión a dos jóvenes por un delito de atentado contra la autoridad al considerar probado que tiraron objetos a la policía española en la Via Laietana, contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes catalanes, la noche del 18 de octubre de 2019. Hugo de 20 años, y Pedro, un vecino de Andalucía sin hogar,  aseguraron al tribunal que estaban en la protesta, en lado de mar de Via Laietana, pero que no tiraron nada en los agentes. El tribunal los ha absuelto del delito de desórdenes públicos porque no considera probada su participación. La fiscalía pedía para cada uno de ellos cinco años y medio de prisión.

En la resolución, la sección séptima de la Audiencia de Barcelona da plena credibilidad a los dos agentes de la policía española, que aseguraron que con un pelotón fueron a detener a un grupo de diez personas que "lanzaban cosas", y detuvieron a los dos jóvenes, defendidos por los abogados Xavier Muñoz y Josep Lluís Anglada, que pidieron su absolución. Los dos agentes de CNP relataron que los detuvieron en la plaza de la Catedral, cuando la concentración estaba unos metros más allá, en la plaza Antoni Maura. "Los dos agentes pudieron ver perfectamente a los acusados coger objetos del suelo y lanzarlos contra el cordón policial situado en la Via Laietana con Antoni Maura", afirma el tribunal, que sostiene: "La sala no tiene ninguna duda de lo declarado por los agentes, que ha sido una declaración firme, contundente y plenamente persistente, sin advertir motivos de los cuales presumir que los agentes pudieran haber faltado a la verdad." Añade que el relato acusatorio de los agentes "no queda desvirtuado" por un testigo que aseguró que en aquel tramo de Via Laietana no pasaba nada, y los desórdenes estaban en la parte de arriba. El tribunal los condena por el delito de atentado contra la autoridad, explicando que no hay que provocar ninguno daño, como es el caso de los dos jóvenes, para consumar este delito. En el juicio, los agentes indicaron que vieron a Hugo y Pedro "tirar cosas", sin concretar el qué, y que aquella noche les tiraron adoquines, botellas y señales de tráfico. En la sentencia se recoge que los acusados tiraron "objetos no determinados" a los agentes que protegían la Jefatura de la Policía española, pero como no se acreditan los objetos, el tribunal no los aplica la agravante de objetos peligrosos que pedía la fiscal.

 

 

No desórdenes

El tribunal, además, no considera probado que los dos jóvenes sean autores de los delitos de desórdenes públicos porque "no se ha acreditado que participaran en los disturbios" de aquel día  se concentraron en la plaza de Urquinaona, donde los agentes relataron los incidentes más graves con la quema de contenedores. En este sentido, la sección séptima cita la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de 2021, en la cual se  detallan los requisitos para cometer un delito de desórdenes. Son: una actuación en grupo, o de un individuo amparado en un grupo; la alteración de la paz pública, de la cual recuerda que el Supremo la distingue de "el orden público o de la calle", y que tiene que implicar la ruptura de la convivencia ciudadana, y la ejecución de actos violentos sobre las personas o las cosas. Y en el caso de Hugo y Pedro, el tribunal afirma que nada se ha probado que los dos se pusieran de acuerdo (declararon que ni se conocían) para provocar desórdenes y apuntan una conclusión del Supremo: "Cometer un delito de atentado contra la autoridad en el curso de una manifestación no constituye un delito de desórdenes públicos", ni a la inversa. No obstante, es habitual que la fiscalía acuse por los dos delitos a manifestantes independentistas. Por todo eso, los condena a la pena mínima del delito de atentado contra la autoridad: seis meses de prisión.

Nuevo juicio

Por otra parte, la Audiencia de Barcelona celebra hoy un nuevo juicio contra dos jóvenes independentistas,  Moli y Pau, vecinos de Calldetenes y de Terrassa para manifestarse en las protestas por el tercer aniversario del 1-O. La fiscalía les pide cinco años de prisión en cada uno. La formación Alerta Solidaria ha hecho un llamamiento para darles apoyo delante de la Audiencia de Barcelona.