Nuevas peticiones de prisión a manifestantes de vértigo. La fiscalía pide 14 años de prisión a un vecino de Arenys de Mar por haber participado en las protestas de plaza Urquinaona, contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas, el 18 de octubre de 2019. Es la pena más alta pedida hasta ahora, incluso supera la condena por sedición al vicepresidente Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión. En el escrito acusatorio también está Francesc Colomines, a quien la fiscalía pide 7 años y 4 meses de prisión. Se les acusa del delito de desórdenes públicos agravado, como también el de atentado contra la autoridad en concurso con delitos leves de lesiones a tres agentes de la policía española, causados con piedras (sin ninguna secuela) y con petardos, con pérdida auditiva leve y media a dos de ellos, que se consideran "lesiones dolosas". Hay un tercer joven, vecino de Terrassa, a quien la fiscalía le pide tres años de prisión por desórdenes. El juicio, todavía sin fecha, se hará en la Audiencia de Barcelona.
En el escrito de acusación, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el fiscal relata que los tres acusados participaron en las protestas que se organizaron la noche del 18 de octubre de 2019 en la plaza Urquinaona con la calle Trafalgar de Barcelona, donde unas 300 personas, "encapuchadas y con el rostro cubierto" lanzaron objetos contundentes, como piedras, papeleras, adoquines y bolas de metal contra agentes de la policía española. La fiscalía afirma que "todas estas acciones iban dirigidas a perturbar el orden social, poniendo en grave peligro la integridad física de los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía y de los transeúntes, además de una grave afectación en el mobiliario urbano y público."
Polémica detención y prisión
Con respecto a Francesc Colomines, el fiscal asegura que "pertenecía a un grupo activo de personas con clara intención de afectar a la integridad corporal de los agentes actuantes debidamente uniformados". Así, se le atribuye que "animaba al resto de manifestantes, con la frase 'Venga hacia ellos' y tapado con una sombrilla de hostelería de grandes dimensiones, junto con otras personas, tiró una piedra de unos 7x7 cm de diámetro" a un inspector, que le causó una lesión leve en la mano izquierda. El joven fue detenido con mucha violencia, que registró un periodista de ElNacional.cat y que se hizo viral en las redes. Su tío, Agustí Colomines, lo denunciaba, y recientemente junto con el padre del joven, Jordi Colomines, han denunciado en Twitter la desorbitada pena de prisión que le piden. Francesc estuvo en prisión preventiva del 19 de octubre al 7 de noviembre de 2019, por protestar contra la sentencia del procés.
En concreto, el fiscal pide a Colomines 3 años y 8 meses de prisión por el delito de desórdenes públicos, con la agravante de disfraz, además de los de actuar con un objeto peligroso, en una manifestación y lanzar objetos contundentes. Y 3 años y 8 meses más por| el delito de atentado contra la autoridad. Con respecto al delito leve de lesiones, que se le imponga una multa de 900 euros y que indemnice al agente con 175 euros.
El castigo más elevado por los petardos
Con respecto al vecino de Arenys de Mar, el fiscal asegura que "dirigía y animaba a los otros manifestantes violentos a actuar contra los agentes". Y sostiene que el joven lanzó un "artefacto de pirotécnica" a los pies de dos funcionarios, y les estalló "provocándoles aturdimiento y graves consecuencias en su sistema auditivo por el estallido del artefacto". Añade que el acusado también tiró adoquines, que impactaron en la mano y el hombro de los dos mismos agentes. Este manifestante y el vecino de Terrassa fueron identificados pero no detenidos en aquel momento, sino el 30 de octubre, y uno de ellos estuvo cerca de un mes en la prisión, en noviembre de 2019.
Por estos hechos, el fiscal pide al acusado, con las iniciales O.S.V, las penas de: 4 años de prisión por el delito de desórdenes públicos con agravantes de llevar instrumento peligroso, hacerlo en una manifestación y lanzar objetos contundentes; 5 años de prisión por el delito de atentado en concurso con un delito menos grave de lesiones, y 5 años más por el delito de lesiones menos grave con instrumento peligroso. Con respecto a la responsabilidad civil, el fiscal pide que indemnice un agente con un total de 44.872 euros por las lesiones y secuelas, la pérdida de la agudeza auditiva bilateral leve, y al segundo agente, cerca de 10.000 euros por las lesiones y una pérdida de la agudeza auditiva media.
Desde sectores de la abogacía se ha denunciado que estas elevadas penas de prisión solicitadas por la fiscalía a los independentistas catalanas provocan la desmovilización y la aceptación de condenas rebajadas.