Los duelistas es una novela corta de Joseph Conrad que Ridley Scott se encargó de convertir en película. Narra la historia de dos oficiales del ejército de Napoleón, Gabriel Feraud y Armand d'Hubert, encarnados en la pantalla por Harvey Keitel y Keith Carradine. El primero, colérico y enfurecido por una ofensa ridícula, no para de desafiar el segundo en un inacabable duelo, que se reanuda una vez y otra a lo largo de 15 años siguiendo el recorrido de las tropas napoleónicas por Europa, desde Estrasburgo passando por Schleswig-Holstein o Moscú y acabando en Waterloo.

Aunque no sea blandiendo un sable como los húsares de Napoleón y salvando las distancias de esta historia ambientada en una Europa imperial y belicista, también el juez instructor del Supremo Pablo Llarena y el president en el exilio, Carles Puigdemont, han arrastrado su pulso por media Europa durante casi ocho años. El instructor ha batallado para encerrar al president en una prisión española, mientras el político independentista se ha zafado una vez y otra de las ofensivas del magistrado, a la vez que ha intentado apartarlo de su caso con el argumento de que el del Supremo no es al juez predeterminado por ley.

Un pulso de ocho años

La batalla se ha disputado en los tribunales de Bélgica, que negaron a Llarena la competencia del Supremo; en Alemania, que no aceptó extraditar a Puigdemont por rebelión y solo dio luz verde a que fuera juzgado por malversación; y en Italia, que detuvo a Puigdemont en Cerdeña en respuesta a una euroorden, pero lo soltó horas más tarde a la espera de que el TJUE decidiera sobre su inmunidad. El enfrentamiento entre el juez y el político independentista ha dado pie a sentencias del TJUE, que el 31 de enero del 2023 admitió la falta de competencia del Supremo y creó la figura del Grupo Objetivamente Identificable (GOI), pero también se ha ventilado en debates y votaciones en el Parlamento Europeo, donde España sudó la gota gorda para sacar adelante el suplicatorio contra los eurodiputados independentistas.

La conclusión es que después de casi 8 años, el juez no ha conseguido extraditar a Puigdemont y por el camino se ha visto obligado a encajar diferentes -y ruidosas- derrotas. Pero el president en el exilio tampoco ha conseguido todos los apoyos que esperaba ni ha podido regresar a Catalunya, porque aunque Junts acordó una ley de amnistía a cambio de votar la investidura de Pedro Sánchez, el último servicio del juez Pablo Llarena ha sido negar a los exiliados la medida de gracia. El juez instructor argumentó el pasado mes de septiembre que con el referéndum del 1-O Puigdemont y los consellers obtuvieron un beneficio y, por tanto, se enriquecieron, "porque usaron fondos públicos y no de su bolsillo" para organizarlo. A partir de este argumento tan peregrino, el magistrado les aplicó la excepción prevista en la ley para dejar fuera de la amnistía los casos de malversación con enriquecimiento personal.

Amnistía

El último pulso -de momento- entre Llarena y Puigdemont se escenificó este lunes en el Tribunal Supremo, donde se celebró la vista del recurso que los exiliados presentaron contra la decisión del juez instructor de negarles la amnistía. Las defensas, que esta vez contaron con el apoyo de la fiscalía y la abogacía del Estado, reclamaron que el juez respete la decisión del legislador y aplique la ley respetando su letra y espíritu. Además, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, señaló la última bala que se depositó entre el articulado de la ley de amnistía para apartar a Llarena de la decisión.

El abogado advirtió que la ley contiene una diferenciación muy clara sobre el papel que tiene que asumir el juez en la aplicación de la amnistía en función de la fase en que se encuentre el procedimiento ante los tribunales. El artículo 4 del texto establece que el órgano judicial que esté viendo la causa acordará de manera inmediata el levantamiento de cualquier medida cautelar. En cambio, el artículo 11.2 fija que, en caso de que la amnistía se tenga que aplicar en la fase de instrucción, el responsable de la decisión será "el órgano judicial competente".

Llarena no puede decidir sobre la amnistía

Dicho de otra manera, la ley deja claro que el juez instructor es el responsable de levantar las medidas cautelares, dado que esta medida se tiene que adoptar de manera "inmediata", pero concreta también que de la aplicación de la amnistía no se puede encargar el instructor, es decir, el juez Llarena, sino que lo tiene que hacer el tribunal competente, que en el caso de los exiliados no es el Supremo sino el TSJC. La competencia es del TSJC porque Puigdemont y Lluís Puig son diputados en el Parlament de Catalunya y Toni Comín, no ha podido ni siquiera asumir el acta de diputado en el Parlamento Europeo, con lo cual no tiene ningún tipo de aforamiento. Era precisamente la condición de eurodiputados que Puigdemont y Comín mantuvieron hasta el mes de mayo pasado el argumento que Llarena ha esgrimido para retener el caso los últimos años en el Supremo. Boye concluyó que el tribunal tiene que ventilar este punto antes de decidir sobre cualquier otro tema y enviar la decisión al TSJC.

Un ejemplo reciente de estos cambios de tribunal en función de la situación de los afectados es el juicio que se sigue contra la consellera Alba Vergés, investigada, junto con otros cargos de la conselleria de Salut, por haber retrasado la vacunación de agentes de los cuerpos policiales estatales durante la pandemia. El TSJC asumió el caso mientras era diputada, pero cuando abandonó el Parlament después de las elecciones de mayo del año pasado, el caso volvió de nuevo a la Audiencia de Barcelona.

Tribunal Constitucional

Boye dejó claro que, en caso de que no se respete el derecho al juez predeterminado por ley, la batalla entrará en un nuevo escenario: el del Tribunal Constitucional, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. El pulso entre Llarena y Puigdemont se mantiene, pues, con las espadas en alto.

En la historia de Los duelistas la persecución obsesiva del húsar Gabriel Feraud obliga a su rival a perfeccionar la respuesta para responder a las inagotables embestidas de un duelo sin final, con un indulto incluido. En el fondo, sin embargo, aquel relato escondía una reflexión sobre la absurdidad de las guerras, concentrada en la imagen de un duelo tan furioso como sin sentido.