La avalancha de reacciones a la conclusión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que apunta que el Estado español "violó" el derecho político de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull para suspenderlos como diputados en el Parlament antes de la condena por el 1-O, no se detiene. El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha celebrado en un hilo en su cuenta de Twitter el toque de atención a la justicia y al estado español. Aragonès ha calificado el dictamen de "importantísimo" y ha celebrado que se ratifique que la "represión y vulneración de los derechos fundamentales son líneas que nunca se tendrían que haber cruzado".
El presidente catalán ha subrayado que, una vez más, ha quedado constancia de que "la arbitrariedad de la justicia española deja al descubierto en los ojos del mundo las vergüenzas del Estado". En otro mensaje, el también dirigente de ERC ha apuntado que "no sólo se han violado gravemente los derechos humanos de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, sino de todos los catalanes y catalanas". Finalmente, Aragonès insiste en "afianzar nuestras convicciones por la democracia y las libertades". "Por la amnistía y la independencia", concluye el presidente del Govern.
Pere Aragonès también ha hablado esta tarde, después de una visita que ya estaba prevista en la sede del Parlamento de Ginebra. El presidente ha descrito el posicionamiento de la ONU como una "victoria moral y política", y ha añadido que "ahora la pelota está en el tejado de las instituciones españolas para que pongan punto final a la represión". Además, ha aprovechado para señalar que el caso de los líderes independentistas no es comparable al de Laura Borràs, por lo cual no se pueden mezclar. "Los diputados catalanes que hoy han recibido el reconocimiento de la ONU fueron perseguidos por haber llevado a cabo el 1-O y su compromiso con la autodeterminación, mientras que la investigación que se está llevando a cabo respecto a la diputada Laura Borràs es por un presunto delito de corrupción", ha declarado.
"La suspensión no cumplía los requisitos de razonabilidad"
En el documento, el Comité de Derechos Humanos apunta que la suspensión como diputados no cumplía "los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos" y apunta que el Estado tiene "la obligación de proporcionar" la posibilidad de "recurso efectivo". "Eso requiere de una reparación integral a los individuos que se les han violado los derechos", remarca el comité. En el caso de las reparaciones, el comité señala que su dictamen sobre el fondo de la demanda ya "constituye una reparación suficiente para la violación dictaminada", pero reclama al Estado "adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar que se cometan violaciones parecidas en el futuro".
Además, el documento recuerda al Estado su compromiso con la entidad de "garantizar una reparación efectiva y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación". En este sentido, el comité pide al Estado que, en un plazo de 180 días, los informe sobre las medidas que haya implementado para aplicar su dictamen. En un comunicado, la miembro del comité Hélène Tigroudja asegura que esta decisión es "un paso importante porque afirma que las salvaguardias contra las restricciones del derecho político tienen que aplicarse con mayor rigor si estas restricciones se producen previa y no posteriormente a una condena por un delito". Tigroudja también remarca que los cuatro políticos independentistas habían instado a la ciudadanía a "mantenerse estrictamente pacífica", por lo cual la acusación de rebelión, por la cual fueron suspendidos antes de la condena, "no era previsible" ni "se basaba en motivos previstos por la ley que sean razonables y objetivos".