Defensa de las instituciones catalanas en Catalunya. El titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona ha derivado a la Audiencia Nacional la querella que presentó en verano el president de la Generalitat, Pere Aragonès, contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la empresa NSO Group, a quienes acusa de haberlo espiado a través del software Pegasus, según ha anunciado este martes la portavoz del Govern, que ha añadido que así la Generalitat se podrá personar como acusación particular, en lugar de popular. No obstante, la defensa de Aragonès, ejercida por el penalista Andreu Van den Eynde, ha presentado un recurso para que la investigación del president se mantenga en un juzgado de Barcelona, al defender el juez predeterminado por la ley y porque también fue atacada su intimidad como persona física, además del cargo de vicepresident. El magistrado Santiago García, sin embargo, considera que Aragonès fue supuestamente espiado cuando era vicepresident de la Generalitat, "condición -añade- que afecta la forma de gobierno de un alto organismo de la Nación", tal como se consideran los gobiernos autonómicos y sus parlamentos, y por eso deriva la investigación a los juzgados centrales de Madrid, como propuso el fiscal de delitos informáticos. El recurso se ha elevado ahora la Audiencia de Barcelona para que resuelva esta discusión sobre la competencia.
En la querella del president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), se dirigía contra la entonces directora del CNI, Paz Esteban, y contra la mercantil NSO Group, propietaria del software Pegasus por haberlo hecho espiar cuándo era vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía y Hacienda, en enero de 2020, y en momentos clave en el ámbito de la política española, con las negociaciones con el PSOE para dar la presidencia a Pedro Sánchez.
Paral·lelamente, el resto de querellas de afectados de ERC, la CUP, Òmnium y la ANC continúan repartidas entre diferentes juzgados de Barcelona sin ningún impulso. Los jueces, como fijó al fiscal, quiere analizar la afectación de los móviles, tal como la certificó el grupo Citizen Lab, antes de ordenar acciones concretas.
Repetir el error de la causa del Procés
En el recurso, el penalista Andreu Van den Eynde afirma que enviar la querella de Aragonès a la Audiencia Nacional supondría "una transgresión de las normas de competencia judicial que redundaría en perjuicio de la víctima y establecería un fuero irregular que podría tener efectos indirectos sobre la prosperabilidad del procedimiento y sobre sus principios y derechos fundamentales". El juez no lo comparte y asegura que su resolución es "objetiva" porque reitera que la ley fija que la Audiencia Nacional es competente para investigar "los delitos contra altos organismos de la Nación y forma de Gobierno", y que la Generalitat forma parte de estos organismos, y Aragonès, también ya que fue espiado por su cargo de vicepresidente y con finalidades políticas, más que en su vida personal y privada.
Para Van den Eynde con esta resolución se vuelve a repetir el grave error que realizó la magistrada Carmen Lamela cuando era titular de un juzgado de la Audiencia Nacional, y aseguró que la causa contra los independentistas catalanes afectaba estructuras del Estado, y asumía su competencia. Después, el Tribunal Supremo forzó todavía más la interpretación de la ley y por un gasto en Bruselas indicó que la causa tenía un alcance internacional y asumía el procedimiento, con la posterior condena por sedición y malversación, y con la causa abierta contra los políticos en el exilio, especialmente del president Carles Puigdemont. En el recurso, el penalista asegura que con esta interpretación de la ley se vacía la jurisdicción catalana de cualquier causa, así como las competencias que fija el Estatut.
La implicación del Gobierno
En la querella, Aragonès asegura que "con una alta probabilidad" ampliará la querella "por el delito de prevaricación judicial" contra el juez de control del CNI si se confirma que autorizó intervenir su móvil, tal como trascendió. "No puede existir ninguna justificación para la utilización de un software de monitorización absoluta del querellante", afirmaba el abogado del presidente, Andreu Van den Eynde.
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas Murillo, y su suplente, Andrés Martínez-Arrieta, habrían firmado las resoluciones para que el CNI violara la intimidad de 18 personas en Catalunya, según se hizo público. Este martes, además, el Parlamento europeo ha confirmado la implicación del Gobierno en el espionaje a independentistas catalanes.