El periplo judicial de Diego Pérez de los Cobos contra el ministro de Interior que ordenó su cese, Fernando Grande-Marlaska, podría no haber hecho más que empezar. Después de que ayer la Audiencia Nacional diera la razón al coronel destituido de la Guardia Civil que comandó el despliegue policial del 1-O y dejara sin efecto su cese, ahora se abriría una puerta para Pérez de los Cobos, que podría denunciar al ministro y otros cargos de Interior por prevaricación y acoso laboral.
El socialista destituyó a Pérez de los Cobos, por "falta de confianza", después de los polémicos informes sobre el 8-M en la capital española, y posteriormente, según publicaba El Confidencial, el ministro habría evitado que el máximo responsable del dispositivo policial del 1-O ascienda para intentar asegurarse el control de la Guardia Civil.
Para la Audiencia Nacional, se trata de una decisión ilegal y ordenó su restitución. "El cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban, que era no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso", explica el juez Celestino Salgado en la sentencia.
Prevaricación y acoso
Ahora, aunque el Gobierno recurrirá la decisión a través de la Abogacía del Estado y, por lo tanto, el caso todavía no está cerrado, Pérez de los Cobos podría denunciar al ministro. Según apuntan varios expertos a ElConfidencial, dado que la sentencia apunta que el cese era "injusto, arbitrario y dictado a través de saber una injusticia", estas palabras abrirían la puerta a poder acusar a Marlaska del delito de prevaricación. Además, algunos abogados también consideran que se podría acusar al ministro de acoso laboral.
Imagen: El ministro Fernando Grande Marklaska / EFE
¿Por qué fue destituido?
Marlaska lo destituyó por negarse a darle información judicializada del caso 8-M, sobre la autorización administrativa de la manifestación feminista a pesar de la pandemia de la Covid. Aunque Interior no confirmó oficialmente el motivo del cese, fuentes conocedoras de este apuntaban al informe que la Guardia Civil envió al juzgado de instrucción 52 de Madrid en la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido la manifestación.
Diego Pérez de los Cobos decidió no atender la petición de información del ministerio e indicó que lo hacía porque "estaba judicializada" y porque él se debía a la autoridad judicial para no dar información secreta. El coronel argumentó que cuando se actúa como policía judicial no se tiene que informar de las indagaciones judicializadas a las autoridades políticas y que él cumplió con esta premisa y precisamente este es el criterio que ha seguido la Audiencia Nacional para resolver a favor del coronel.
Imagen principal: El coronel destituido Diego Pérez de los Cobos / EFE