Los peritos comparecen esta mañana en el TSJC en la sèptima jornada del juicio contra Laura Borràs. El informe pericial encargado por la defensa de Borràs concluye que las pruebas que se decomisó a Isaias Herrero durante el registro de su domicilio en diciembre del 2017 -en qué se copiaron 46 archivos- y en noviembre del 2018 -cuándo se decomisaron tres discos duros- "en ningún momento" se protegieron con "un sistema de sellado, firma electrónica o hash que garantice la cadena de custodia e inalterabilidad de las evidencias", por lo cual, según su criterio "no queda garantizada la cadena de custodia ni tiene validez técnica" las copias y volcados llevados a cabo.
Uno de los autores de la pericial encargada por la defensa de Borràs es Luis Enrique Hellín, exmiembro de Fuerza Nueva condenado por el asesinato de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores Yolanda González. La elección de este perito levantó una fuerte polémica y fue recurrido por la Fiscalía, aunque finalmente fue admitido por el tribunal.
Según estos peritos, los discos duros decomisados no fueron sellados hasta octubre del 2020, cuando llegaron al Tribunal Supremo y después de dos años circulando por el Juzgado de Instrucción, el Tribunal Supremo y el TSJC. Por todo ello, advierten que esta situación "ha podido dar lugar a alteraciones de las evidencias". Además, el informe constata que en uno de los discos duros decomisados, que cuenta con un sistema operativo de Windows, se observan diferentes accesos y movimientos ocurridos durante la entrada y registro de noviembre del 2018.
Sin autorización
El informe subraya asimismo que se decomisaron a Isaías Herrero correos electrónicos sin autorización judicial, dado que el objetivo de la diligencia judicial era recopilar los dominios, bases de datos y códigos fuente sobre los trabajos hechos para la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), pero no se solicitó "en ningún momento" permiso para acceder y copiar correos electrónicos, "y menos todavía en servidores externos como el caso de gmail". Además, recuerda que han estado estos correos copiados sin autorización judicial los que han permitido a los agentes configurar los delitos que recogen en sus atestados.
Igualmente, en el caso de los 44 correos que se han analizado tampoco no disponen del sistema de sellado, firma electrónica o hash "que garantice la cadena de custodia e inalterabilidad de los correos" desde que fueron decomisados hasta llegar al tribunal, por|para lo cual "no es posible verificar la autenticidad e integridad de los 44 correos".
Con respecto a los trabajos hechos, el informe encargado por la defensa de Laura Borràs, subraya que el informe pericial emitido por la Guardia Civil en mayo del 2019 no consiguen concluir ni acreditar que los contratos menores objeto de la causa "constituyan una unidad funcional u operativa". Con respecto a los Mossos d'Esquadra habrían remitido este estudio a un perito de programación informática, pero finalmente no consta que se hiciera.