El anteproyecto de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, impulsado por la ministra de Unidas Podemos Ione Belarra, prohíbe la cría doméstica de cualquier mascota y prevé entre 500 y 10.000 euros de multa si estas procrean. Además, obliga a esterilizar todos los gatos. En caso de aprobarse en el Congreso de los Diputados la ley que propone el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023, la prohibición de criar afectará a todos los particulares, a excepción de los que se den de alta en el llamado Registro de Criadores de Animales de Compañía.

Por lo tanto, solamente los que se registren quedarán exentos de esta medida, que afectaría completamente a la tradicional cría en las casas de animales domésticos -como perros, gatos, pájaros y otras especies. La práctica está particularmente extendida en entornos rurales. La medida se encuentra recogida expresamente en el artículo 27 del anteproyecto de ley: "Quedan expresamente prohibidas las actividades siguientes sobre animales de compañía", advierte este. En uno de los apartados se especifica que no se permitirá "la cría de cualquier especie de animal de compañía por criadores no inscritos en el Registro de Criadores de Animales de Compañía".

Las infracciones graves prevén multas de hasta 50.000

El anteproyecto detalla que, en caso de incurrir más de dos veces en una infracción leve, esta pasará a considerarse grave, con sanciones previstas de 10.001 a 50.000 euros. Siguiendo esta misma línea, el artículo 26 del anteproyecto, donde se especifican las "obligaciones específicas con respecto a los animales de compañía", contempla en uno de los apartados la obligación de "identificar mediante microchip y proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad". De nuevo, con una excepción, en aquellos gatos inscritos en el registro de identificación como reproductores y a nombre de un criador registrado en el Registro de Criadores de animales de compañía.

Mascotas legales e ilegales

La prohibición de criar mascotas no es el único aspecto controvertido del anteproyecto de ley. Este también contempla la creación de un "listado positivo de animales de compañía". Es un catálogo donde constarán las especies legales mascotas. En caso de aprobarse esta norma en el Congreso de los Diputados, las que no figuren en este compendio serán consideradas ilegales, y tendrán que ser confiscadas para conservarlas en zoológicos o acuarios.

La Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, entre muchas otras cosas, establece que a partir de ahora los españoles tendrán que contratar un seguro para todos los tipos de perro. Los propietarios tendrán que contar con una póliza de responsabilidad civil independientemente de la raza. Esta obligatoriedad puesta en marcha por Ione Belarra en su ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 supondrá a los españoles pagar 245 millones el año, si se tiene en cuenta que hay siete millones de perros, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Animales de Alimentos de Compañía, y cada uno tendrá que pagar como mínimo 25 euros.