El diario político y de opinión belga Doorbraak se ha mostrado sorprendido de que el jefe de la oficina del president Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, esté perseguido por la Justicia española porque visitó Nueva Caledonia, con motivo del referéndum que celebró este territorio bajo soberanía francesa, después de celebrarse el del 1-O. "La fiscalía española pide tres años de prisión a uno de los principales asesores de Carles Puigdemont", titula el diario.

"Alay también podría ser condenado a 17 años de inhabilitación por el ejercicio de cargos públicos si es declarado culpable de una malversación de fondos públicos. El delito que habría cometido es un viaje en noviembre del 2018 en Nueva Caledonia -un territorio francés en el Pacífico Sur- porque se celebraba allí un referéndum sobre la independencia", añade, en una información escrita por Mireia Ferran.

"La fiscalía española pide tres años de prisión a uno de los principales asesores de Carles Puigdemont", titula 'Doorbraak'

El caso se remonta al año 2020 cuando la Fiscalía de Barcelona presentó una querella contra Alay por malversación de dinero público a raíz de un viaje a Nueva Caledonia con motivo del referéndum de autodeterminación del 4 de noviembre de 2018, invitado oficialmente por el Frente de Liberación Nacional de Kanako Socialista y por el pago de un ticket de peaje para trasladarse a la prisión de Lledoners por valor de 11 euros.

El coste del viaje, que fue a cargo de la oficina del presidente Puigdemont, fue de 4.393,79 euros. El caso ha sido investigado por el juzgado de instrucción número 28 de Barcelona y los delitos investigados pueden ser castigados con prisión.

Viaje justificado y oficial

 

 

Durante la instrucción Alay ha defendido siempre que el viaje formaba parte de sus funciones como responsable de la oficina del president. Un viaje "justificado y oficial", que se hizo cumpliendo "todos los requerimientos económicos y jurídicos que establece el marco legal de las oficinas de los expresidents de la Generalitat", según apuntó la oficina al hacerse pública la querella de la Fiscalía.

En el momento de presentarse la querella, Alay denunció que era, una vez más, objeto de persecución política, una denuncia que reiteró en un tuit al hacerse público de que iría a juicio. "Perseguido por motivos políticos. Después de veinte días asediándome con Rusia, ahora me juzgarán por haber representado al president Puigdemont en el referéndum de Nueva Caledonia de 2018", afirmó.

El jefe de la Oficina del president será el único que se siente en el banquillo de los acusados después de que el juez decidiera archivar la acusación, por los mismos hechos, contra la secretària general de Presidpència, Meritxell Masó, que estaba imputada por autorizar los gastos bajo sospecha.

Alay está siendo investigado además en el marco del caso Volhov, que investiga la presunta relación de Rusia en la financiación del procés independentista, una teoría que la Fiscalía no comparte.

La querella de la Fiscalía contra el jefe de la Oficina de Puigdemont por el viaje a Nueva Caledonia se presentó días después de que el ministerio público decidiera desimputar a Alay de la investigación por encubrimiento contra las personas que acompañaban a Puigdemont en el momento en que fue detenido en Alemania.