Hasta 11 personalidades del independentismo, entre las cuales se encuentran el expresident Quim Torra, Lluís Llach o Josep Costa, han hecho una apelación dirigida a los parlamentarios catalanes en que les piden "amparo y protección ante el espionaje sistémico y masivo a la ciudadanía de Catalunya". Concretamente, instan el Parlamento a impulsar la creación de una comisión de investigación internacional independiente que aclare "el alcance del espionaje masivo contra la minoría nacional catalana dentro del estado español", que "los partidos políticos" en el hemiciclo "se comprometan a suspender toda vía de colaboración y negociación con el Govern y los partidos que forman parte" mientras no se conozca el resultado de esta investigación y que "se abra un servicio real y efectivo de amparo de las personas espiadas" con "defensa jurídica y asistencia técnica y psicológica".
El texto lo firman Blanca Serra, Lluís Llach, Salvador Cardús, Quim Torra, Vicent Partal, Àngels Martínez-Castells, Albano-Dante Fachin, Elisenda Paluzie, Josep Costa, Marta Sibina y Antonio Baños. Sostienen que el Estado "ha protagonizado el caso de espionaje sistemático y planificado más grave de la Europa occidental contra ciudadanos democráticos y pacíficos", una "persecución" que, afirman, se ha hecho "contra el movimiento independentista para destrozar sus aspiraciones políticas legítimas". Esta "estrategia generalizada y compartida de todos los poderes del Reino de España" se ha desarrollado "con una impunidad total impropia de una democracia de la Unión Europea" y, añaden, "los ciudadanos a quienes se ha vulnerado sus derechos fundamentales no han encontrado protección en los órganos que en una democracia homologada los tendrían que proteger". En esta línea, creen que los afectados están "desamparados" y que "ninguna institución se erige en la defensora de sus derechos de manera valiente y contundente".
Una comisión de investigación tramitada "en un plazo breve y por vía de urgencia"
De resultas de este hecho, los firmantes de la apelación en el Parlament argumentan que, con todo, "se empobrece de manera progresiva la calidad democrática de Catalunya y la calidad de vida de los ciudadanos que ven vulnerados sus derechos, su intimidad o de aquellos ciudadanos que censuran su propia actividad y expresión por miedo de ser espiados". Ante los casos de la Operación Catalunya o el uso de Pegasus para espiar figuras destacadas del independentismo, los 11 participantes del manifiesto apuntan a la necesidad de impulsar la comisión de investigación internacional independiente, que permita "señalar las vulneraciones legales cometidas e indicar qué responsabilidades políticas y penales se derivan". Para hacerlo, piden tramitarla "en un plazo breve y por vía de urgencia, con disposición de los recursos necesarios para poder hacer esta investigación".
También solicitan a los partidos políticos representados en la cámara catalana que suspendan "toda vía de colaboración y negociación" con la Moncloa y "con los poderes del Estado español" hasta que se conozcan las conclusiones de la comisión. Sobre el "servicio de amparo de las personas espiadas", apuntan que este tendría que estar coordinado por "entidades especializadas en defensa de los derechos humanos". "Estas tres peticiones concretas son acciones básicas imprescindibles que tendrían que asumir por iniciativa propia los representantes democráticos de los ciudadanos", arguyen a los firmantes. En el texto, reivindican que "aquí no se valen los juegos de intereses de los partidos ni las disputas legítimas entre partidos".
Los 11 integrantes de la apelación precisan que "se trata de defender una cosa tan valiosa y vulnerable como la democracia y un mínimo bienestar de los ciudadanos". En este contexto, aseveran que "ahora hace falta que la cámara donde reside la soberanía de los catalanes dé un paso adelante en la defensa de sus ciudadanos ante las vulneraciones, manipulaciones, persecución y asedio a que los somete el Reino de España por el hecho de pensar y defender aquello que piensan y defienden". Por eso, piden que los diputados actúen "con valentía, determinación y rapidez", "sin excusas". "No se puede seguir haciendo como quien oye llover, es la hora de defender a las personas que os han votado, su vida y sus derechos", concluyen.