El Ministerio de Justicia ha recibido una petición para que indulte la inhabilitación a cargo público que se mantiene para el expresidente de ERC, Oriol Junqueras; el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los exconsellers republicanos Dolors Bassa y Raül Romeva. El Tribunal Supremo descartó, a finales de julio, aplicarles la ley de amnistía al asegurar que se enriquecieron con el delito de malversación del 1-O, excepción incluida en la norma para no aplicarla, y que se habrían afectado fondos financieros de la Unió Europea. Ante esta negativa del alto tribunal español, un ciudadano particular ha pedido el indulto para los cuatro políticos, como también hizo inicialmente. El Gobierno les concedió el indulto en las penas de prisión en 2021, pero les mantuvo la inhabilitación hasta el año 2031 para Junqueras y Bassa, y al 2030 para Turull y Romeva. Es decir, no pueden presentarse a elecciones, pero tampoco pueden ocupar ningún cargo público.
Ahora, el Ministerio de Justicia ha pedido un informe al Supremo sobre esta nueva petición, según ha adelantado este jueves El Mundo. Los abogados de los políticos de ERC y Junts, consultados por ElNacional.cat, no tienen constancia de esta petición, mientras esperan que la sala de lo penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena, responda a sus recursos de súplica para que les aplique la ley del olvido penal. Precisamente, el abogado Jordi Pina, en nombre de Turull, denunció el "retraso malicioso" del Supremo por no tramitar sus recursos. Sin la respuesta del Supremo, los políticos no pueden pedir amparo al Tribunal Constitucional.
La ley de amnistía, al Constitucional
Con todo, el Tribunal Constitucional ya ha acordado que el próximo martes analizará si admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad de la ley de amnistía que el Tribunal Supremo le ha planteado por un caso de desórdenes públicos por el 1-O; no por la causa principal de los presos políticos. Para el Supremo, la ley del olvido penal vulnera el derecho a la igualdad entre ciudadanos y la independencia judicial.
Por su parte, el PP ha cumplido su amenaza y ha presentado este jueves un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía. Además, el partido ha pedido que se aparte del debate sobre la norma del olvido penal el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, argumentando que ya se apartó en una cuestión relacionada con el Procés; así como Juan Carlos Campo (que ya ha anunciado su abstención) y Laura Díez, con el argumento que han pasado por la Moncloa y no podrían ser imparciales en la deliberación sobre el recurso contra la ley de amnistía.
Actualmente, el órgano de garantías es dominado por una mayoría de miembros progresistas y se espera que no tarden en resolver este tema capital, y que vuelve a poner en la cuerda floja al Gobierno de Pedro Sánchez.