Hasta 7 años de prisión. Esta es la condena a la que se podrían enfrentar 21 de los manifestantes que se concentraron el 25 de septiembre de 2012 en el marco de las protestas de "Rodea el Congreso", una multitudinaria concentración de las protestas de los indignados que se produjeron en los años posteriores a la crisis del 2008, como el Movimiento 15-M. Doce años después, esta veintena de manifestantes se sentarán en el banquillo por presuntos desórdenes públicos, atentados y resistencia contra la autoridad y lesiones. En concreto, la Fiscalía pide para ellos penas de entre 3 años y 8 meses de prisión y 7 años y 4 meses de prisión.
El juzgado de lo penal número 20 de Madrid tiene previsto celebrar el juicio entre el 18 y el 28 de noviembre, por los disturbios que se produjeron la tarde del 25 de septiembre del 2012 y la madrugada del día 26 en torno al Congreso de los Diputados. Aquella jornada de protesta, convocada por varios colectivos populares —asambleas del 15M, la Plataforma ¡En Pie!, la PAH o Yayoflautas—, presentó los habituales cánticos de las protestas de la época como "No nos representan o "Le llaman democracia y no lo es". Eran unas 6.000 personas, según la delegación del Gobierno en Madrid. Los días siguientes hubo más protestas similares, en las cuales también se produjeron algunos incidentes que han derivado en procesos penales. Las protestas acabaron con 35 detenidos y al menos 64 heridos, entre manifestantes y policías.
Denuncian un juicio político
La plataforma convocante de estas protestas, la Coordinadora 25S, ha hecho público un comunicado en el que critica que se llegue a un juicio por unos hechos ocurridos hace 12 años y reclaman que se suspenda. "Los juicios políticos se pueden y se tienen que ganar", afirma el colectivo, que incide en el hecho de que "se trata con toda claridad de un juicio político" porque las convocatorias Rodea el Congreso tenían como objetivo "denunciar la corrupción del Régimen, el carácter antidemocrático de este, así como la necesidad de poner en marcha un proceso constituyente", unas exigencias que considera que hoy "están todavía más justificadas del que estaban hace doce años".
La Fiscalía les atribuye violencia organizada
En el escrito de la Fiscalía de Madrid de cara al juicio, la máxima pena se solicita para cuatro de los procesamientos para los que pide tres años y ocho meses de prisión por un delito de desórdenes públicos, más otros tres años y ocho meses por atentado contra la autoridad. Con respecto a la solicitud mínima de prisión es de tres años y ocho meses para dos de los imputados por el delito de desórdenes públicos. La Fiscalía relata en el escrito que algunos de los congregados aquel día, en dos protestas que sus integrantes confluyeron en la plaza de Neptuno, cerca del Congreso, acabaron "arremetieron violentamente contra el dispositivo policial desplegado tirante vallas y lanzando objetos contundentes contra ellos, lo que obligó a organizar el despliegue de varias unidades de la UIP para tratar de contenerlos".
Para la Fiscalía fueron "varios grupos controlados y organizados", además de ciudadanos individuales, los que "dirigieron sus acciones a causar destrozos en la vía pública, intentando pasar los cordones de seguridad establecidos, lanzando objetos no solos contra las fuerzas de seguridad sino contra los vehículos policiales". Subraya el Ministerio Público que los convocados "trataron de impedir la salida de los diputados, lo cual obligó a los mandos policiales a establecer una salida libre de manifestantes", y después se dispersaron por la zona de Atocha. Sobre algunos de los imputados relata que, además de lanzar objetos, pegaron puntadas y puñetazos a los agentes, algunos de los cuales resultaron heridos.