La coordinadora de JxCat en Barcelona, Pilar Calvo, ha prometido este martes su cargo como diputada de JxCat en el Congreso de los Diputados en sustitución de la actual presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. Calvo ha prometido su cargo en catalán por "lealtad, por el mandato del 1 de octubre, por la libertad de los presos políticos y la vuelta de los exiliados y por imperativo legal."

Por otra parte, también ha prometido y jurado acatar la Constitución el nuevo diputado de Vox Juan Carlos Segura que sustituye al líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, en el Congreso de los Diputados. Segura fue número 1 de Vox en el Senado por Barcelona.

Calvo es miembro de la Crida Nacional per la República, el movimiento político creado por Carles Puigdemont, y antes fue la portavoz de los presos políticos de JxCat mientras estos hacían huelga de hambre en la prisión para protestar contra el bloqueo que ejercía el Tribunal Constitucional para impedir que la causa llegara a los tribunales europeos.

Un síndico del 1-O, en sustitución de Cuevillas

La semana pasada, el representante territorial de la Sindicatura Electoral del referéndum del 1 de octubre Josep Pagès sustituyó a Jaume Alonso-Cuevillas en la cámara española precisamente por el mismo motivo. Cuevillas ya es diputado en el Parlament y, además, también forma parte de la Mesa como secretario segundo.

Pagès también prometió su cargo en catalán "por el mandato del 1 de octubre, por la libertad de los presos políticos, la vuelta de los exiliados y por imperativo legal", hecho que provocó el murmullo de protestas de algunos diputados.

Pagès está encausado igual que el resto de síndicos del 1-O por su papel en el referéndum del 1-O. La fiscalía los acusa de desobediencia y usurpación de funciones públicas, pero no de malversación, y les pide dos años y nueve meses de prisión. En su escrito, el ministerio público afirma que los cinco miembros de la Sindicatura Electoral firmaron resoluciones como tales a pesar de saber que el Tribunal Constitucional (TC) había suspendido las leyes aprobadas por el Parlamento para crear esta figura.

En su defensa, los síndicos electorales de demarcación del 1-O aseguraron que ni antes ni después del 12 de septiembre del 2017 ejercieron sus cargos a causa de la suspensión de la ley del referéndum por parte del TC.