El procedimiento sobre la oficialidad del catalán sigue abierto en la UE. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se ha dedicado a neutralizar las reticencias de sus colegas sobre un efecto contagio asegurando que el caso del catalán, el gallego y el euskera es singular y que no se podrá aplicar a otros casos si el estado afectado no lo desea. Y no obstante, España ha tenido que escuchar de nuevo reticencias. En este caso de Lituania y Letonia, preocupadas por las reivindicaciones de la minoría rusa. La conclusión es que no hay ningún veto y que la propuesta seguirá su curso una vez se incorporen informes sobre el coste económico, que España ya ha dejado claro que asumirá. La próxima reunión del Consejo será el 15 de noviembre.

El ministro ha tenido que dedicarse en profundidad al tema y en las últimas semanas ha mantenido encuentros con sus colegas para tratar de neutralizar las reticencias expuestas en la reunión del Consejo del 19 de septiembre. En juego está la investidura de Pedro Sánchez como presidente español, dado que la oficialidad del catalán en Europa fue una de las condiciones que impuso Junts para empezar a negociar con el PSOE cuando se constituyó el Congreso y se designó a Francina Armengol como presidenta de la Cámara. Junts comienza a impacientarse y ha reclamado que el Gobierno ponga fecha a la aprobación.

Sin vetos

Al acabar la reunión, Albares ha asegurado que dentro de la Sala no ha habido ninguna oposición a continuar el procedimiento y que no hay vetos para seguir adelante. De hecho, ha subrayado que ha habido países que han tomado la palabra para apoyar explícitamente a la solicitud de España, lo cual ha asegurado que resulta muy significativo.

El ministro ha explicado que ha quedado clara la especificidad del caso español, y que tan pronto como la Comisión cierre el informe sobre el coste económico que representa incorporar las tres lenguas, España formalizará su intención de asumir el coste. Ha subrayado que el gobierno ya cubre desde hace dos décadas los acuerdos administrativos ya existentes y que, por lo tanto, el coste es "perfectamente asumible".

La clave, en manos de cada estado

Los argumentos que hoy ha desplegado Albares frente a sus colegas no aportan grandes novedades en relación con lo que ya dijo el pasado 19 de septiembre: que el catalán, el gallego y el euskera están reconocidos como lenguas cooficiales en la Constitución; que se pueden utilizar en el Congreso y en el Senado; que existen acuerdos administrativos con prácticamente todas las instituciones europeas desde hace dos décadas, que España depositó copias certificadas de los tratados en las tres lenguas; que el catalán tiene diez millones de hablantes, lo que supera el número de hablantes de muchos de los estados presentes en la reunión... En cualquier caso, la puntualización que hoy ha incluido el ministro es que ninguna lengua minoritaria podrá pedir la oficialidad si el estado afectado no lo desea. Un argumento directamente dirigido a estados como los bálticos que hoy expresaron abiertamente sus temores.