Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, cree que sus clientes pueden optar al tercer grado penitenciario. Eso comportaría sólo ir a dormir a la prisión y poder salir durante el día para ir a trabajar.
En un comunicado alega que es posible por el "entorno social que les acoge, posibilidad de encontrar trabajo, no peligrosidad en la medida que no han actuado con violencia (como de hecho ha manifestado el mismo Tribunal Supremo no condenándolos por rebelión), sin riesgo de reincidencia (el Tribunal Supremo también ha argumentado que la inhabilitación no les permite "volver a delinquir") y sin ninguna responsabilidad civil subsidiaria impuesta y pendiente de pago (que es el argumento habitual que se utiliza para denegar terceros grados)".
El abogado critica "las especulaciones que en el día de hoy dan por seguro una clasificación en segundo grado" en referencia a la opinión de ERC que cree más posible que se clasifique a los presos en un segundo grado que no les permitiría salir durante el día de la prisión. En este sentido, Pina es contundente: "Esta defensa y mis clientes en las últimas semanas han mantenido un escrupuloso respeto hacia la tarea de los profesionales de los centros penitenciarios que tienen que emitir los preceptivos informes. En este sentido, lamentamos las informaciones que pretenden justificar y normalizar la clasificación de los internos en segundo grado penitenciario".
El próximo 14 de diciembre, el sábado, hará dos meses que se conoció la sentencia y, por lo tanto, se acaba el plazo para que las juntas de tratamiento de las prisiones, formadas por funcionarios de carrera expertos en diferentes ámbitos, clasifiquen a los presos en el grado en el que tendrán que seguir la condena.
Es más que probable que la decisión se conozca mañana después de la reunión de las tres juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric, que se hará simultáneamente mañana por la mañana.