El artículo 384 bis continuará intacto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Dicho de otra manera, la justicia mantendrá la potestad para suspender parlamentarios procesados y que esten bajo prisión provisional "por un delito cometido por persona integrada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes". La alianza del PSOE y al lado del PP, VOX y Ciudadanos han cerrado el paso a la propuesta de Junts, que pretendía derogar el artículo en cuestión. Es el punto de la ley que en 2018 el Tribunal Supremo utilizó para suspender de sus funciones a los diputados en el Parlamento de Catalunya Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull mientras estaban procesados por rebelión por los hechos del 1 de octubre antes de ser condenados. En el 2019, la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado también avaló la inhabilitación sumando al expresidente de la ANC Jordi Sànchez.
El PSOE se ha unido al bloqueo de las fuerzas de la derecha y la extrema derecha. El diputado socialista Fernando Aranda Vargas ha desacreditado uno de los argumentos de Junts, que es el dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU denunciando la inhabilitación de los políticos independentistas. Considera que estos informes "constituyen recomendaciones, no resultan vinculantes y no expresan el sentir de la ONU, que se expresa a través de sus órganos principales". Aranda Vargas ha seguido asegurando que "la Catalunya del 2023 tiene que mirar al futuro y [Ustedes] continúan enfangados en el pasado" y ha negado que España sea "una democracia fallida". "La independencia ni es buena ni es deseable", ha concluido el socialista. Por parte del PP, José Antonio Bermúdez de Castro ha añadido que el artículo es "una herramienta jurídica en manos de los jueces para la defensa del Estado de Derecho" y ha recordado que es una medida temporal que no se ha aplicado sobre personas inocentes, sino que en el caso de los independentistas ya había auto de procesamiento y prisión provisional. Y Edmundo Bal, de Ciudadanos, lo ha considerado una medida "lógica y proporcionada" y ha apostado por ampliar los supuestos
El independentismo se une con matices
Desde la tribuna, el diputado de Junts Josep Pagès ha defendido que el 384 bis de la LECrim se ha convertido en un anacronismo que se aplicó durante los años más crudos del terrorismo de ETA y ha adelantado que eliminarlo "supone acabar con una reliquia de la política antiterrorista de los años 80, de la época de los GAL, un artilugio desfasado que asegura el abuso de derecho". En este sentido ha apuntado al supuesto uso político que, a su entender, han hecho los jueces para perseguir y derrotar independentistas catalanes. "Es una herramienta en manos de los jueces para dar curso a su activismo político; una argucia procesal y un truco simple y muy grave en términos democrático".
En esta línea, Carolina Telechea, de Esquerra Republicana, se ha posicionado a favor y ha aprovechado para reivindicar la estrategia de su partido ante la judicialización del procés. Primero con los indultos y ahora con la reforma del Código Penal. A través de la reinterpretación que ha hecho el Tribunal Supremo, se ha mantenido la inhabilitación contra Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull pero ha servido para levantar la pena a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Joaquim Forn y Carme Forcadell. "Gracias a la estrategia, hoy nueve personas duermen en su casa con sus familias y algunos compañeros de Junts se podrán presentar a las elecciones. Todas las resoluciones internacionales en contra del Estado español no son casuales", ha acabado Telechea. Por su parte, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha subrayado la paradoja que resulta aplicar un artículo "cuandono hay ni terrorismo ni bandas armadas". "Cuando se toman medidas que paralizan derechos civiles y políticos con la bandera de los derechos fundamentales, la paz y la democracia siempre comportan injusticias y sirven para justificar medidas autoritarias en Euskal Herria y en Catalunya".