Nueva pinza entre PSC, ERC, Comuns y CUP. Los partidos de izquierdas en la cámara catalana han vuelto a coincidir con la moción de Esquerra Republicana que insta al Gobierno a impulsar la reforma de la ley 7/1985 para "sancionar los ayuntamientos que incumplen la obligación legal de empadronar a todas las personas que viven allí". De hecho, los cuatro ya coincidieron esta semana en llegar a un acuerdo para regular el alquiler de temporada. En este caso, Junts per Catalunya se ha abstenido, mientras que PP, Vox y Aliança Catalana han votado negativamente. De esta forma, la cámara catalana afirma que la denegación del empadronamiento por parte de algunos municipios supone una "vulneración de derechos". Defiende que el padrón municipal "tiene que ser un reflejo fiel de la realidad, por lo tanto, que tienen que estar inscritas todas las personas que residan habitualmente en un municipio, independientemente de su situación administrativa o tipo de vivienda".
Aún sobre el padrón, el texto aprobado apuesta por reforzar la colaboración con entidades y defensora del pueblo para "identificar y denunciar" los casos de dilación temporal o denegación del empadronamiento "a menudo motivados por razones discriminatorias". La moción defiende que se tiene que condenar y rechazar "la estigmatización y criminalización de las personas migradas" y añade que a menudo se hace con noticias falsas y datos manipulados para "atizar el miedo".
Algunos ayuntamientos denuncian irregularidades en el padrón
A pesar de la posición de los republicanos, algunos ayuntamientos han denunciado en los últimos meses irregularidades que hacen ciudadanos para empadronarse. Es el caso del Ayuntamiento de Ripoll, con la alcaldesa Sílvia Orriols, pero también de otros como Martorell. De hecho, el alcalde del municipio del Baix Llobregat, Xavier Fonollosa, aseguró en declaraciones en la ACN que no empadronaría a okupas. "Solo lo haré si un juez me obliga", aseguró.
En seis meses, un plan para desplegar las competencias de inmigración
Por otra parte, también se ha aprobado que el Govern presente en el Parlament, en un plazo de seis meses, el plan de trabajo para desplegar la delegación de competencias en inmigración. El texto aprobado apuesta por un nuevo modelo de acogida y "reforzar" la financiación en el mundo local para servicios de migración.
En cambio, no se ha aprobado otro punto de la moción que reclamaba "no colaborar en las batidas racistas" de los cuerpos policiales españoles que tienen como resultado intencionado o como consecuencia directa el cierre de personas en situación administrativa irregular en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).