El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el ‘plan de acción democrática’ que llevará al Congreso de los Diputados; el plan contra la “máquina del fango” de Pedro Sánchez. El Gobierno propone modificar la ley de secretos oficiales de 1968, así como limitar la publicidad institucional que puede aparecer en los medios de comunicación. También quiere obligar a los candidatos a unos comicios a participar en debates durante la campaña electoral. Los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun han sido los encargados de presentar los principales puntos de esta propuesta en rueda de prensa. El punto más polémico, sin embargo, es el que tiene que ver con reformar los delitos de injurias y ofensas religiosas. Porque el Gobierno no es concreto en este aspecto y no queda claro si la modificación afectará a la Corona. El plan, a estas alturas, solo apunta que se reformarán artículos del Código Penal que afectan a la libertad de expresión y la creación artística cuando tiene que ver con las "instituciones del Estado". En este término, tan difuso, Sumar considera que la monarquía está incluida. El PSOE, de momento, elude dar su opinión sobre este aspecto.
Tal como ha expuesto el máximo responsable de la cartera de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el plano democrático se basa en tres ejes: ampliación y calidad de la información gubernamental; transparencia, pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo; y transparencia del poder legislativo y del sistema electoral. Con respecto al primer bloque, el gobierno de Pedro Sánchez propone hacer esta reforma de la ley franquista de secretos oficiales, y también propone que se pueda hacer una rendición de cuentas del Gobierno. Es decir, que los ciudadanos puedan consultar cuál es el nivel de ejecución o cumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente del ejecutivo.
Con respecto al segundo bloque, el Gobierno propone crear un registro de medios de comunicación en el que aparezcan sus propietarios y la inversión pública que reciben. En el mismo sentido, se obligará a las instituciones públicas publicar anualmente su inversión publicitaria. De la misma manera, se propone limitar la financiación de las administraciones públicas a los medios de comunicación. También se pretende impulsar sistemas "transparentes e imparciales" de medida de audiencia. Es en este eje en el que se propone una reforma del delito de injurias. Ahora bien, limitado al "derecho de libertad de expresión y la creación artística" cuando esté relacionado con las instituciones del Estado o los sentimientos religiosos. También se propone reformar las leyes orgánicas del derecho al honor y el derecho de rectificación.
El último eje propone que sea obligatorio celebrar de forma anual en el Congreso de los Diputados el "debate sobre el estado de la nación", así como que los candidatos a unas elecciones estén obligados a participar en debates durante la campaña. También se quiere obligar a los laboratorios demoscópicos a publicar todos sus microdatos. Félix Bolaños ha acusado a algunos de estos estudios de querer últimamente "influir en la opinión pública más que mostrar qué piensa la opinión pública". El Gobierno pretende, por último, "fortalecer el régimen sancionador a los partidos que no presenten sus cuentas de manera adecuada".
Escepticismo de los socios y oposición del PP
Las primeras líneas maestras de este plan de acción democrática las expuso Pedro Sánchez en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio. No solo encendió a Alberto Núñez Feijóo, quien acusó al presidente del Gobierno de preparar "el mayor ataque a la libertad de información de la democracia". Sus socios habituales consideraron que era insuficiente. Mostraron escepticismo Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu, PNV, BNG y Podemos. Sánchez recibió incluso críticas por parte de Sumar, el socio de gobierno del PSOE.
Ahora los socialistas necesitarán conformar una mayoría en la cámara baja que permita sacar adelante estas propuestas, a pesar de la oposición del PP y el escepticismo de los socios. De momento, fuentes de Junts per Catalunya apuntan que el PSOE tendrá que negociar con los grupos después de haber presentado un plan "flojo" que, según explican los independentistas, no han enseñado previamente al resto de formaciones parlamentarias.
Begoña Gómez, la génesis del 'plan de acción democrática'
El origen del plan contra la 'máquina del fango' se encuentra en la apertura de una investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez. Después de haber amenazado con dimitir como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció que continuaría al frente del ejecutivo, e informó de que presentaría este plan que bautizó entonces como 'regeneración democrática'.