El conseller de Derechos Sociales del Govern de la Generalitat, Carles Campuzano, ha anunciado este martes un aumento de 55 millones para las prestaciones económicas vinculadas (PEV), una ayuda económica que perciben las personas con dependencia y que ayuda a contribuir en el pago de una plaza residencial pública. El objetivo es destinar el año que viene 178,5 millones de euros. Hasta ahora, el importe máximo que recibían las personas beneficiarias de una PEV era de 747 euros mensuales; con el incremento, se podrán percibir hasta 1.239 euros, hecho que supone casi 500 euros mensuales más. Así, si se toma el precio de referencia de una plaza residencial (2.002 euros/mes) el nuevo importe máximo de la prestación permitirá cubrir cerca del 62% del coste de una plaza, en vez del 37,2% que suponía hasta ahora.
El conseller Campuzano ha explicado que son unas prestaciones que llevaban congeladas desde el año 2012 y que estaban "desfasadas". "Hacemos una actualización muy sustancial", ha dicho el conseller en una rueda de prensa después del Consejo Ejecutivo. Campuzano, que llevará este decreto ley al Parlamento que lo tendrá que convalidar, enmarca esta decisión en el acuerdo de los presupuestos con el PSC del 2023 y subraya que eso ayudará a disminuir una "lista de espera preocupante". "Nos hemos comprometido a reducirla. Se trata de una prestación que va en función de la renta. Lo hacemos para introducir el carácter equitativo", asegura el titular de Derechos Sociales. Campuzano remarca que "es una apuesta muy importante" y que se trata de "reforzar el derecho a escoger por parte de las personas". "De esta forma pueden escoger como podemos pasar la etapa final de nuestra vida", ha dicho el conseller.
Se prevé que las personas beneficiadas se incrementen en 16.300 personas
El Ejecutivo ha fijado también mejoras de la prestación mínima que puede percibir un usuario de residencia que ocupe una plaza PEV (el cálculo viene determinado en función de la renta de cada persona). En este sentido, el Gobierno estableció este año un mínimo de 150 y 200 euros para personas valoradas con un grado II o III; en Catalunya estos importes se ampliarán hasta los 200 y 250 euros mensuales.
El Departamento de Derechos Sociales prevé que el número de personas beneficiarias de una PEV incrementará y pasará de las 11.377 personas que disfrutaban en septiembre de 2023 además de 16.300 personas que lo podrían hacer el año próximo, un 43% más que actualmente. Así, se podría reducir en cerca de 5.000 personas la lista de acceso a una plaza de residencia para personas mayores, ya que podrían entrar con la PEV que los podría llegar a sufragar hasta el 62% del coste de la plaza.
Supresión del copago en los servicios de centro de día por|para discapacidades
El Decreto ley aprobado hoy también incluye suprimir el copago en los servicios de centro de día para discapacidades intelectuales o físicos. Campuzano ha remarcado que de esta forma las personas beneficiarias de estos recursos, con un grado de dependencia elevado, disfrutan en muchos casos de complementos que acaban repercutiendo en el importe en concepto de copago, incluso en los casos de familias con renta baja. El coste de referencia de los servicios de centro de día para personas con discapacidad intelectual o física fijado en la cartera de servicios sociales es hoy de 740 euros en el mes. La supresión del copago por parte de las familias implicará que el Departamento de Derechos Sociales destine al presupuesto de 2024 una partida extra de más de 500.000 euros para asumir el coste. De hecho, el consejero|conseller ha explicado que estos copagos suponían un coste por término medio de 500 euros mensuales para las familias.
Exige al Estado actualizar la ley de dependencia
El conseller Campuzano también ha querido denunciar "la infrafinaniación" que sufre el Govern de la Generalitat y, en particular, el de su departamento. "Hacemos un esfuerzo muy importante, pero lo hace en un contexto que el 80% de la financiación de estas políticas está recayendo en la financiación de la Generalitat y las familias", ha dicho el conseller, asegurando que el Estado no asume su responsabilidad. De hecho, considera que el sistema de financiación de la ley de atención en la dependencia "ha ido a la quiebra", ya que está elaborada en el 2006. "Cuando uno analiza las proyecciones demográficas de los próximos años, es muy evidente que si no afrontamos un sistema de financiación sostenible en el ámbito de la dependencia, este país no podrá afrontar el reto del envejecimiento", ha subrayado el conseller a Campuzano.