El plan de defensa que ha aprobado este martes el gobierno de Pedro Sánchez supondrá una inyección millonaria a las estructuras de control y vigilancia del independentismo catalán. Como han demostrado los años del procés, la actividad independentista ha sido objeto de control por parte de las estructuras del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con aparatos como el Centro Criptológico Nacional (CCN), que recibirá una de las partidas más voluminosas -de 376 millones de euros- con el objetivo de fortalecer la ciberseguridad con inteligencia artificial, las telecomunicaciones y el análisis de datos, entre otros aspectos.
El CCN fue el encargado de elaborar un informe en el 2020 en el cual se acusaba al independentismo de haber utilizado la identidad de piratas informáticos, como Anonymous Catalonia, con el objetivo de difundir datos delicados obtenidos de forma poco clara. Los detalles del informe de este órgano de los servicios secretos se filtraron en el diario El País. Entre otros puntos, el documento aseguraba que el independentismo habría accedido en el 2019 a contraseñas de correos electrónicos de diferentes jueces que habrían registrado 43 ataques en el marco de la denominada #OpCatalunya, que se activó durante el referéndum del 1-O del 2017.
Esta inyección millonaria de las estructuras de inteligencia del Gobierno se produce justo cuando el independentismo todavía busca respuestas a los interrogantes sobre el uso del software espía Pegasus en el marco de la lucha del estado contra el independentismo. Precisamente este miércoles tanto Junts como ERC han reclamado citar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la operación Catalunya. Además, ERC ha reclamado también la comparecencia de la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro.
Creación de un "escudo digital"
Aparte de la partida para el CCN, el plan prevé 106 millones más para el presupuesto del CNI, que tendrían que destinarse a reforzar su área de ciberseguridad y cooperación internacional; 36 millones para el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), 189 millones para potenciar la ciberinteligencia y las infraestructuras del Ministerio del Interior, según informa la agencia Europa a Press. Este gasto en defensa tiene marcado un hito claro y es "crear un escudo digital" para España ante cualquier amenaza.
El plan aprobado está dotado con 10.471 millones de euros y eso permitirá llegar al gasto del 2% del PIB. Consta de 31 programas especiales de modernización y destina casi 700 millones de euros más a subir el sueldo a los militares o 300 millones para las misiones en el exterior. La inversión más alta, de 928 millones, va destinada a la mejora de las capacidades de entrenamiento y, a continuación, 679 millones destinados al incremento de las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas y el aumento de efectivos, que se calcula en 2.400.