El Gobierno apuesta por dos vías para afrontar la crisis migratoria derivada de la llegada de menores migrantes a las Islas Canarias. Es la conclusión que sale de la reunión que han mantenido este viernes en La Palma el presidente español, Pedro Sánchez, y el presidente canario, Fernando Clavijo. Por un lado, Sánchez ha prometido 50 millones de euros hasta finales de año para que Canarias pueda hacer frente a los gastos de la llegada y acogida de menores migrantes. Es la cantidad que figuraba en los presupuestos generales del Estado de 2022 y 2023, pero que este año no están disponibles a causa de la prórroga presupuestaria. Por otro lado, ambos dirigentes han coincidido en la necesidad de reformar el artículo 35 de la ley de extranjería para que la acogida de migrantes por parte de las comunidades autónomas sea obligatoria. La modificación se intentó en julio, pero el Congreso le barró el paso con los votos en contra del PP, Junts y Vox.

Después del encuentro entre Sánchez y Clavijo, que ha sido “productivo, fructífero y de buen tono”, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reiterado que la “única solución posible” es una modificación legislativa, que “exige que se apruebe por mayoría del Congreso”. Torres ha recordado que “otros mecanismos que no exigen votos en el Congreso ya se hicieron en el pasado”, pero no funcionaron. “Por ser voluntario no dio los resultados que se perseguía”, ha señalado, en referencia a la aprobación de un real decreto en 2018. El ministro ha apelado, nuevamente, a la “negociación permanente” para conseguir la reforma de la ley, dado que la competencia en menores es de las comunidades autónomas, tal y como figura en la Constitución y en los estatutos de autonomía. “El Gobierno no puede derivar menores a otras comunidades y darles la tutela porque está fuera del marco constitucional y por eso hay que cambiar la ley”, ha argumentado.

¿Y cuál es el camino? Ángel Víctor Torres ha relatado que Pedro Sánchez y Fernando Clavijo “han compartido la necesidad de seguir avanzando para que se sume el PP a ese apoyo”. Además, ha indicado que el Gobierno “no ha roto” el contacto con los grupos parlamentarios a lo largo del mes de agosto con el objetivo de “poder seguir en septiembre y que la modificación de la ley sea una realidad”. Preguntado por la posibilidad de que la modificación de la ley de extranjería se pueda aprobar mediante un real decreto ley, ha indicado que durante la reunión es una cuestión que no se ha abordado y ha puntualizado que, igualmente, un real decreto ley requeriría la convalidación en el Congreso. “Se ha hablado de conseguir los apoyos suficientes”, ha añadido, y ha aludido a la necesidad de articular el mecanismo legislativo “más rápido y urgente que garantice su aprobación y ejecución inmediata”.

 

“Espero que el PP se coloque en el lado de la solución y no del problema”

Para conseguir el objetivo, Ángel Víctor Torres se dirige directamente al PP. El ministro desea que los populares se coloquen en la “solución histórica” de encontrar una salida, que pasa por cambiar el artículo 35 de la ley de extranjería, y que “no pasen a la historia diciendo que fueron uno de los partidos que lo impidió”. “Espero que el PP se coloque en el lado de la solución y no del problema, en el lado del acuerdo y no de las dificultades”, ha añadido. Torres ha puesto en valor que el texto que consiguieron después de un año trabajando “no se había logrado antes” y ha defendido que el partido con el que el Gobierno “más habló y más documentos intercambió” fue el PP.   En cambio, ahora los populares han registrado una proposición no de ley con su plan migratorio y la Moncloa “ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación”. “Si queremos caminar en propuestas constructivas, los pasos deben ser otros”, ha remachado.