María Jesús Montero ha dado plantón este miércoles a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y no se ha presentado a la cita para llegar a un acuerdo extrajudicial con el fin de no sacar adelante una demanda por intromisión al derecho al honor. El plantón de la vicepresidenta española abre ahora la puerta a presentar una demanda ante el Tribunal Supremo, cosa que tiene prevista hacer González Amador según apunta la agencia Europa Press. La número dos en el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez está representada en este proceso por la Abogacía del Estado; la pareja de Ayuso reclamaba a Montero el pago de 40.000 euros de indemnización y una rueda de prensa disculpándose por sus declaraciones.
¿Qué declaraciones? La causa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid contra María Jesús Montero tiene origen en una sesión de control al Gobierno en el Senado el pasado 12 de marzo. La vicepresidenta del ejecutivo mencionó que la lideresa madrileña podría estar viviendo en un piso pagado con fraude". La ministra de Hacienda hizo estas declaraciones refiriéndose a informaciones periodísticas que avanzaban la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra González Amador por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y que la presidenta autonómica residía en un piso de un millón de euros que se pagó después de que Hacienda estuviera investigando a su pareja.
La defensa de González Amador anunció entonces varias demandas contra Montero por intromisión al honor y por revelación de secretos después de conocerse algunos de sus datos fiscales, además de otra querella contra la Fiscalía por la nota difundida en la que se informaba del pacto conseguido con Hacienda en el que reconocía la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de sociedades.
La Fiscalía se opone a investigar a Álvaro García Ortiz
Por otra parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo rechazó este lunes que el Alto Tribunal investigue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos de la que lo acusa González Amador. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, se opuso después que en julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevara al Alto Tribunal la causa por la querella que González Amador presentó contra el fiscal del Estado por la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid informaba sobre los correos electrónicos entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto por el caso de presunto fraude fiscal por el que se le investiga.
El fiscal del Estado asumió la responsabilidad del comunicado. En un informe de 45 páginas, el argumento principal de la número dos de Álvaro García Ortiz es claro: "Los correos electrónicos intercambiados por el investigado con la Sección de Delitos Económicos y con el fiscal encargado del asunto circulaban por las redacciones de diferentes medios de comunicación antes de que la Fiscalía difundiera la nota de prensa". Además, María Ángeles Sánchez Conde esgrime que las "falsedades" del entorno de Ayuso hicieron "imprescindible" la difusión de una nota de prensa institucional para proporcionar "información veraz" a la ciudadanía.