La ley mordaza regresa al centro del debate político. Reformarla es un objetivo compartido por muchos de los partidos con presencia en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, los términos y los tempos de la modificación no son coincidentes y la existencia de discrepancias en el seno de las mayorías de investidura de Pedro Sánchez lo ha imposibilitado hasta la fecha. Este lunes se ha hecho un paso más: la plataforma ‘No somos delito’ ha presentado en un acto en la cámara baja diez líneas rojas que se deben incorporar en las propuestas legislativas que se lleven a cabo a partir de ahora. Todavía está por ver si esta será la legislatura definitiva.

En primer lugar, se pide que “no será delito «alterar la seguridad ciudadana» si no sabemos qué significa”. Durante el acto, Sara López, de la Comisión Legal Sol y de ‘No somos delito’, ha desarrollado cuáles son las peticiones. En este caso, ha denunciado que la ley actual “contiene conceptos jurídicos indeterminados que son términos de amplia interpretación por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado y permiten cierto margen de discrecionalidad”. Piden que se eliminen conceptos poco concretos o, como alternativa, que “se establezcan instrucciones vinculantes a la hora de aplicarlos” y que se añadan “mecanismos de denuncia en caso de incumplimiento”.

En segundo lugar, “la palabra de un agente no será una prueba”. Sara López ha relatado que es necesario eliminar la “presunción de veracidad que la ley otorga a los agentes” para que pase a tener valor de “mera denuncia”. En tercer lugar, “el perfilamiento étnico y racial será prohibido y descrito como discriminatorio”. López ha esgrimido que “el estándar de la sospecha razonable solo se puede hacer con base en una sospecha fundada en criterios objetivos”. Además, ha reclamado que haya un registro de cuántas identificaciones se producen, en el que quede claro el “motivo de la identificación” y el “perfil racial”, y que los agentes vayan siempre “debidamente identificados”.

Sanciones administrativas, derecho a la información y cacheos

En cuarto lugar, “las sanciones administrativas no se traducirán en antecedentes penales” y se eliminará el registro central de infractores, que Sara López cataloga de “registro de carácter ideológico”. En quinto lugar, “la protesta será un derecho”. Para conseguirlo, proponen diferentes medidas: habrá que derogar los delitos de desobediencia y de falta de respeto a la autoridad, los protocolos de actuación policial tendrán que “ser de acceso público en su totalidad para la ciudadanía” y “en su elaboración tendrán que poder participar expertos y organizaciones de la sociedad civil”, se tendrá que prohibir grabar a activistas y el uso de proyectiles de energía cinética.

En sexto lugar, “el derecho a la información será protegido” y, en concreto, habrá que “proteger de manera expresa el escrutinio de las actuaciones policiales por parte de periodistas y ciudadanía suprimiendo la sanción de imágenes” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En séptimo lugar, “los cacheos basados en meras sospechas serán prohibidos” para garantizar el “derecho a la intimidad” y se exigirá que “se establezca un protocolo de actuación para población trans para que pueda elegir el género del agente que vaya a cachearle”.

Autoconsumo de estupefacientes, devoluciones en caliente y pobreza

En octavo lugar, “el autoconsumo en la calle no será delito”, dado que “el consumo en la vía pública de dosis de autoconsumo de sustancias estupefacientes no es un problema de seguridad ciudadana” y “mucho menos portarlo sin llegar a mostrarlo”, y se eliminarán las “sanciones a las plantaciones en lugares visibles al público”.

En noveno lugar, las “devoluciones en caliente serán prohibidas”. ‘No somos delito’ plantea que “ninguna persona podrá ser devuelta hasta que haya tenido acceso al procedimiento, que tiene que incluir la posibilidad de tener derecho de acceso a la defensa y de recurrir todas las resoluciones con todas las garantías”. Finalmente, “no se criminalizará la pobreza”, ya que “el espacio público es para todas las personas y ninguna persona no debe poder ser excluida o expulsada de un lugar por vivir en la pobreza”.

Sumar registró hace unas semanas la propuesta que se tumbó la pasada legislatura

A todo esto, hace diez días, el PSOE se mostró partidario en una votación en el Congreso a “impulsar la derogación” de la ley mordaza, en concreto, de “todas las restricciones de derechos contempladas en la última reforma de la ley de Seguridad Ciudadana”. La reforma de la ley mordaza ya se intentó la pasada legislatura, pero ERC y Bildu la tumbaron porque el Gobierno no quiso acabar con las pelotas de goma y las devoluciones en caliente. Además, modificar la ley mordaza es una de las demandas que hizo Yolanda Díaz a Pedro Sánchez después de los cinco días de reflexión del presidente español. De hecho, Sumar registró en el Congreso una iniciativa en este sentido a inicios de mayo con un texto que recuperaba “prácticamente al 100%” el texto de 2023, según defendió el diputado Enrique Santiago.