Nueva vulneración de derechos a personas y entidades catalanas. Plataforma per la Llengua ha denunciado a la justicia belga que ha sido espiada con el software Pegasus por parte del Estado español. En concreto, se detalla que se infectaron cinco teléfonos móviles particulares de miembros de la entidad catalana, tres de ellos que residen en Bélgica, el año 2021, y que lo pudieron certificar a finales del año pasado. El presidente de la ONG del catalán, Òscar Escuder, que es una de las personas espiadas, ha dado detalles de la denuncia este jueves en el Colegio de Periodistas, junto con la directora de Plataforma per la Llengua, Rut Carandell, también espiada, y sus abogados Josep Jover y Catherine Forget, expertos en derecho de la UE y de las TIC. "No sé qué buscaban en nuestros teléfonos. No hacemos nada ilegal", ha afirmado Escuder.
Hasta ahora, miembros de partidos y entidades independentistas han denunciado su espionaje a tribunales españoles. Fue a partir de hacerse público el CatalanGate, donde investigadores de Citizen Lab, de la Universitat de Toronto, aseguraron que al menos unas 65 personas del entorno independentista catalán han tenido en sus móviles la intromisión de Pegasus, de la empresa NSO Group, programa que solo vende a estados. Poco se ha aclarado y ahora se ha reclamado que el Consejo de Ministros levante el secreto de investigaciones, como a cargos de ERC.
Un juez belga
La justicia belga ya ha admitido a trámite la denuncia por ciberespionaje a Plataforma por|para la Lengua. En concreto, se detalla que el juez instructor del tribunal de 1.ª instancia de Bruselas, Olivier Anciaux, es el encargado de investigar esta denuncia (procedimiento BR.20.99.570/23 Dosier 2023/035), inicialmente dirigida contra funcionarios del Estado español. Josep Jover ha detallado a ElNacional.cat que, por una parte, se denuncia la vulneración de derechos fundamentales de personas individuales y por otra, el incumplimiento de la directiva europea de 2019, que fija la jurisdicción única de la Unión Europea en protección de datos. La ONG del catalán espera que la justicia belga "actúe con contundencia" y aclare este ataque a derechos fundamentales de personas, que, además, no tienen ningún cargo político ni público.
Seis delitos contra el Estado español
En concreto, Plataforma per la Llengua acusa al Estado español de seis delitos, según la legalidad belga. Son: la intromisión en el sistema informático de los teléfonos móviles; la injerencia arbitraria en las libertades fundamentales de las personas espiadas; la intercepción de mensajes de los móviles; la violación de los datos informáticos; el secreto de las comunicaciones, y el secreto de las comunicaciones electrónicas en concreto.
Se añade que el artículo 550 del Código Penal belga sanciona a quien accede a un sistema informático, sabiendo que no está autorizado; y el artículo 314 castiga a quien intercepta, graba o publica las comunicaciones no accesibles al público sin el consentimiento de todos los participantes, aparte de otras normas que castigan comportamientos contrarios al secreto de las comunicaciones electrónicas.
Un móvil espía localizado
Miembros de Plataforma per la Llengua tuvieron las sospechas que eran espiados el verano pasado, y pidieron a Aspertic, asociación Mediterránea de Peritos de las TIC, que analizara los móviles particulares de la dirección de la ONG del catalán, y en cinco de ellos dio positivo, según un peritaje acabado a finales del 2022. En uno de los móviles quedó un rastro de la intromisión de Pegasus (o de Predator, un programa similar, según Jover), y que se realizó y ejecutó desde el Estado español. Es más, se asegura que se pudo descubrir que la información sustraída se envió a un número móvil en el Estado español, y ahora se ha pedido al juez belga que requiera a la compañía telefónica el nombre de su titular, según ha explicado Josep Jover.
Además, se ha pedido al juez que pregunte a Eurojust, agencia de la UE encargada de la cooperación judicial entre los estados miembros, "si el Estado español tramitó las necesarias solicitudes de intervención de los teléfonos en territorio belga". Se recuerda de que, según la normativa europea, si un estado quiere intervenir legalmente un teléfono, lo tiene que hacer a través de una petición a Eurojust, con sede en La Haya, con una carta específica.
La directiva de los alertadores
En este sentido, Josep Jover recuerda que la Directiva Europea 2019/1937 de alertadores de corrupción, que entró en vigor el marzo pasado en el Estado español, "establece que la soberanía de la UE abraza todos los ataques a la privacidad y a la protección de datos".
En este sentido, Jover ha recordado que recientemente la expresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, ha reconocido que el Estado Español ha seguido monitoreando disidentes, incluso a la propia Comisión Pegasus, que investigaba este espionaje por parte de organismos de España.
Jover ha precisado que, según diversa información, Pegasus fue adquirido por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, y que además del CNI, también lo habrían utilizado unidades de la Guardia Civil y de la policía española.
En la foto principal, Òscar Escuder, presidente de Plataforma per la Llengua. / Foto: Carlos Baglietto