No se ha acabado. Plataforma per la Llengua recurrirá su exclusión del caso del 25% de castellano, tal como ha anunciado la misma entidad este jueves. Concretamente, presentará antes del 30 de junio un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que excluye a todas las entidades que pretendían recurrir el auto que ordenaba al Govern ejecutar la sentencia del 25%. "La decisión es del todo irregular y, en el caso de la ONG del catalán, la excusa que alega el tribunal para no aceptarla como parte interesada es particularmente ridícula, y más todavía teniendo en cuenta que el tribunal sí que ha aceptado como mínimo dos entidades que defienden el castellano (Hablamos Español)", ha expuesto la organización en un comunicado.
Para excluir tanto a Plataforma per la Llengua como a otras entidades catalanistas, el TSJC ha argumentado que el caso tiene que ver con la vehicularidad del castellano en la escuela y no con la del catalán. Así pues, considera que las entidades que defienden el catalán no se pueden considerar partes afectadas. Pero la entidad no lo ve así: "Es evidente que el uso de una lengua y de la otra son vasos comunicantes, y que, si hay más castellano vehicular, habrá menos catalán vehicular". Además, "hay que tener en cuenta que los sindicatos (como USTEC), como defensores de los derechos e intereses de los trabajadores, están especialmente legitimados para ser aceptados a la causa, teniendo en cuenta que quien tiene que acabar cumpliendo la sentencia son los profesores y directores de los centros educativos".
Una situación de discriminación
Con todo, la organización ha defendido que "el derecho a participar en la ejecución de una sentencia que afecta Plataforma per la Llengua forma parte del derecho a la tutela judicial prevista en el artículo 24 de la Constitución española". "Plataforma per la Llengua considera que se está produciendo una situación de discriminación con respecto a las entidades que defienden el castellano, ya que Escuela Bilingüe y Asociación Hablamos Español sí que han sido reconocidas como parte interesada por parte del TSJC", ha añadido. La entidad ha ido más allá y ha recordado que "un principio básico del derecho procesal democrático es el principio de contradicción", mediante el cual "no puede haber un proceso judicial en que solo se acepte la participación de una de las partes". Es por eso que Plataforma per la Llengua ha considerado "completamente irregular" que el TSJC acepte solo a las entidades españolistas, mientras excluye a las catalanistas.
La ONG del catalán ha puesto el foco sobre el hecho de que la decisión de excluirla del caso no ha sido unánime. De los cinco miembros del tribunal, dos emitieron un voto particular con los mismos argumentos que Plataforma per la Llengua. De hecho, lo hicieron en catalán: "No hay duda que, si la Sentencia garantiza un uso mínimo del castellano que supere los niveles constatados en el transcurso de las actuaciones, este hecho afectará al uso del catalán y, desde esta perspectiva, entiendo que las entidades asociativas los objetivos de las cuales incluyen la promoción del catalán en el sistema de enseñanza se pueden ver legítimamente afectadas por la forma en que se tenga que ejecutar la sentencia, y esta afectación se tiene que corresponder con un reconocimiento de su legitimación en los términos del artículo 109 de la Ley jurisdiccional".
El caso de Aguayo
En otro orden de cosas, la entidad ha recordado que el voto clave para deshacer el desempate fue del juez Javier Aguayo Mejía. Plataforma per la Llengua tiene otro vía abierta: un segundo trámite con el cual pretende reclamar la nulidad de la sentencia con el argumento que el mismo Aguayo interviene de manera irregular. "El juez pudo escoger intervenir en el caso, un hecho que vulnera un principio jurídico fundamental en las democracias occidentales y que está recogido en la misma Constitución española: el derecho a ser juzgado por un magistrado que esté predeterminado por la ley", ha explicado la organización.
Así pues, la ONG del catalán considera que la decisión del TSJC de rechazar su personación no afecta a este segundo trámite. Por este motivo, Plataforma per la Llengua presentará un escrito para reclamar que se dé respuesta a la petición, "ya que los argumentos expuestos por el TSJC, más allá del hecho de que son ridículos, están relacionados con la ejecución de la sentencia, no con la infracción cometida en la asignación de Aguayo".