El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado que comunicarà la fecha de las elecciones una vez se hayan aprobado en el Parlament los presupuestos del Govern. Eso impone unos plazos mínimos para recorrer todos estos trámites que, por otra parte, podrían tropezar con un nuevo pronunciamiento judicial relativo a su inhabilitación como president de la Generalitat.
Los presupuestos se tienen que aprobar hoy en la reunión del Consell Executiu, de hecho se tendrían que haber aprobado ya, dado que la reunión estaba prevista para las 9 de la mañana hasta que anoche el president cambió la agenda y trasladó la reunión a las 15h.
Una vez aprobados tendrán que recorrer en el Parlament unos dos meses de tramitación hasta completar la aprobación definitiva, primero en comisiones y después en el pleno. Esto quiere decir que se podrían aprobar a finales de marzo o primeros de abril, con la condición de que no haya ninguna petición de dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, lo cual abriría un plazo de un mes para emitir el informe.
A partir de aquí, el artículo 75 del Estatut de Catalunya fija que el president, "con la deliberación previa del Govern y bajo su exclusiva responsabilidad, puede disolver el Parlament". Únicamente puede limitar esta potestad del president la existencia de una moción de censura en marcha o el hecho de que no haya transcurrido un año desde las últimas elecciones por este procedimiento.
El decreto de disolución tiene que fijar la convocatoria electoral, que tiene que tener lugar entre los 40 y 60 días siguientes a la fecha de publicación del decreto en el DOGC. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), con que se regulan los procesos electorales en Catalunya dado que no existe una ley electoral catalana, establece en el artículo 43 que los comicios se han de celebrar el día 54 a partir de la publicación del decreto.
Todo ello, sin embargo, condicionado a que no haya un nuevo movimiento judicial que precipite la inhabilitación de Torra, lo cual obligaría al vicepresident a asumir la presidencia y alteraría totalmente el escenario. Este mismo miércoles el líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado una nueva querella contra el president por usurpación de funciones.