A pesar del impacto de los encarcelamientos y detenciones, dos comunicaciones de las Naciones Unidas han hecho resucitar entre el independentismo las candidaturas a la investidura de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull. El pasado viernes, el Comité de Derechos Humanos de la ONU admitía a trámite una demanda de la defensa de Sànchez y, en las medidas cautelares, instaba al Estado español a garantizar sus derechos políticos. Este lunes, el mismo comité admitía la demanda de los abogados de Puigdemont por una posible "vulneración" de sus derechos.

Después de los nuevos encarcelamientos y en pleno proceso de extradición de Puigdemont, el debate sobre sus derechos políticos aterriza este miércoles en el Parlament en un pleno urgente. Lo hace a través de dos propuestas de resolución presentadas conjuntamente por JxCat, ERC y la CUP.

La primera gira en torno a Sànchez, e insta al Parlament a "adoptar todas las medidas necesarias" para garantizar sus derechos políticos, incluyendo el derecho a someterse a una investidura, y exige a los poderes del Estado que den "cumplimiento efectivo". La segunda también busca que la cámara se comprometa a garantizar los mismos derechos a Puigdemont y Turull, amparándose en que cumple los "mismos criterios" que Sànchez. Esta segunda también reclama la liberación de los presos políticos.

El debate sobre la recuperación de estas candidaturas está, efectivamente, sobre la mesa. Sin ir más lejos, Neus Torbisco, abogada del equipo de Ben Emmerson que lleva las demandas de Sànchez y Puigdemont a la ONU, advertía este martes que las medidas cautelares son "absolutamente vinculantes" y aseguraba que "reactivar la candidatura pondría el Estado contra las cuerdas".

Entre pasillos del Parlament también se ha hablado de ello. Ahora la intención es "tirar de este hilo" y extenderlo también a Puigdemont y Turull al tratarse de casos equiparables. La demanda de Puigdemont ya ha sido admitida; Turull no ha presentado ninguna.

La oposición ha quitado inmediatamente hierro a las medidas cautelares de la ONU. El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, lo describía este martes como una simple "mención genérica" que no implicaba que Sànchez pueda ser investido. Recordaba que las leyes españolas "permiten restringir ciertos derechos porque está tomado por delitos muy graves"

JxCat y la CUP han expresado en público su voluntad de recuperar la investidura de Puigdemont; también lo han hecho actores de la sociedad civil, com la ANC. ERC ha enfríado por ahora el debate, argumentando que la prioridad es su liberación. No obstante, es un proceso cargado de riesgos, empezando por la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. La vía de la ONU, además de complicada, también es larga: el Comité de Derechos Humanos tiene hasta seis meses para resolver.

La oposición, entre la dimisión de Torrent y ampliar mayorías

Pero hay otras propuestas de resolución. La de Ciudadanos reclama la dimisión del presidente del Parlament, Roger Torrent. Aunque ya tenían una propuesta de resolución que solicitaba su comparecencia ante el pleno, Cs ha presentado otra. La formación liberal ha forzado también que todas las propuestas de resolución debatidas y votadas por separado.

Por su parte, el PSC asegura que "los conflictos políticos se tienen que resolver en el marco de la política, y no encontrarán solución en su judicialización". Además, los socialistas también reclaman "la necesidad de restablecer consensos básicos dentro de la sociedad catalana", trabajar para fomentar el diálogo entre las fuerzas políticas y romper "las dinámicas de enfrentamiento y bloqueo" y "establecer proyectos colectivos que puedan ser sobradamente compartidos por la sociedad catalana".

Finalmente, en su propuesta de resolución, Catalunya en Comú Podem denuncia la existencia de diputados en "prisión preventiva injustificada" y exige su liberación, y hace un llamamiento a construir "mayorías más amplias y plurales" para recuperar las instituciones de autogobierno intervenidas. Esperan que sea la que más apoyo reciba, desde los partidos independentistas hasta el PSC.

A petición de los partidos independentistas, tras debatirse las resoluciones, por la tarde comparecerá el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que presentará un informe donde denuncia la violencia policial del 1-O. Entre otras conclusiones, este documento denuncia el exceso de fuerza de los cuerpos policiales del Estado durante el referéndum.