El gobierno vasco, formado por una coalición del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) negocia evitar que el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas afecte a Euskadi, según informaba este sábado El Correo. El impuesto, impulsado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez, está en trámite en las Cortes y se prevé que entre en vigor antes de que acabe este año. El PNV sostiene que es preferible mantener el Impuesto de Patrimonio de la comunidad en vez de aplicar el nuevo impuesto estatal. Desde el PSE han confirmado al mismo medio que "están haciendo una comparativa" entre los dos impuestos y lo negociarán con los nacionalistas.
El PNV y el PSE prefieren mantener el Impuesto al Patrimonio
El PNV justifica su posición con el argumento de que el impuesto ideado por Sánchez busca contrarrestar la acción del Partido Popular en comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Galicia, en la que el Impuesto de Patrimonio está bonificado de forma parcial o total. Según su opinión, en Euskadi no se da esta situación y, por lo tanto, no sería necesario aplicar el importe. "El impuesto de grandes fortunas va especialmente dirigido a aquellas comunidades autónomas que no lo han aplicado o que quieren dejar de hacerlo. No es nuestro caso. No parece que sea necesario implantar este impuesto en Euskadi porque aquí funciona razonablemente bien el de Patrimonio", han explicado fuentes del PSE a El Correo.
Euskadi es la segunda comunidad autónoma, solo por detrás de Catalunya, que más dinero recauda con el Impuesto del Patrimonio, según datos de la Agencia Tributaria. Anualmente, le supone unos 170 millones de euros, y es por este motivo que el gobierno encabezado por el Lehendakari Iñigo Urkullu rechaza que esta recaudación se transfiera a las arcas del Estado, y defiende que se mantenga el impuesto que va a parar a la Hacienda Foral. A causa de su régimen foral, puede decidir si aplica el impuesto o no.
El Impuesto de Solidaridad diseñado por el gobierno central gravará el patrimonio neto superior a los tres millones de euros, pero para evitar al doble imposición ya prevé una deducción del 100% si se ha abonado antes el Impuesto de Patrimonio. De esta manera, el ejecutivo pretende presionar a las comunidades autónomas que bonifican este importe para que dejen de hacerlo o incluso lo aumenten, en una competencia fiscal con el Estado, en la que tienen que decidir si recaudan el impuesto a través de Patrimonio o dejan que se lo lleve el Estado. A pesar de todo, el impuesto plantea algunas dudas en el ámbito legal, ya que invade las competencias de las comunidades y podría ser inconstitucional.
El impuesto se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado 25 de noviembre, junto con el impuesto a las energéticas y a la banca, con 186 votos a favor, 2 abstenciones y 152 votos en contra. Dieron apoyo el PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, la CUP, Más País, EH Bildu, BNG, Compromiso, PRC y Teruel Existe. El PNV y el PDeCat se abstuvieron; y el PP, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y Foro Asturias rechazaron la propuesta.