A través de filtraciones, el Gobierno ya ha dejado en bandeja la cabeza de Paz Esteban, directora del Centro Nacional de Inteligencia. Pero para muchos este gesto no es suficiente. Empezando por el socio minoritario de la coalición, Podemos, que este lunes ha vuelto a insistir en que hace falta que se asuman "responsabilidades políticas al máximo nivel", con la vista puesta en la ministra de Defensa, Margarita Robles, máxima responsable política del CNI. Se tienen que asumir venga de donde venga el ataque, si de un país extranjero o de "células descontroladas" de los servicios de inteligencia, una hipótesis que no descartan. La formación también ha reclamado una investigación pública independiente y que se desclasifiquen los documentos exhibidos por Esteban en la comisión de secretos oficiales.
En rueda de prensa este lunes, el coportavoz de la formación, Pablo Fernández, ha denunciado que el caso Pegasus es "extraordinariamente grave". En este sentido, ha reiterado que hay que conocer "con certezas" lo que ha pasado para garantizar que no vuelva a ocurrir y "restablecer" la confianza de los españoles en las instituciones. "Eso es lo que tiene que hacer el gobierno de España y en lo que trabaja Podemos. El hecho de que el CNI fuera incapaz de proteger las telecomunicaciones del presidente y la ministra de Defensa, así como el espionaje masivo a independentistas catalanes y vascos, requiere la asunción de responsabilidades al máximo nivel", ha remachado Fernández, que ha reiterado que "tienen que dimitir motu proprio por su propia dignidad y la de nuestro país". Hasta que eso no ocurra, "se estará haciendo daño a la democracia".
Aparte de dimisiones, desde Podemos insisten en que hay que investigar el caso Pegasus hasta el final, una investigación que "no puede hacerse por parte de los responsables de este asunto". En paralelo, como ya hicieron después de la comisión de secretos oficiales la semana pasada, han reclamado formalmente al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que desclasifique los documentos que allí mostró la directora del CNI, las 29 autorizaciones judiciales del Tribunal Sumpremo para espiar a dirigentes independentistas catalanes durante el otoño del 2019, coincidiendo con las protestas contra la sentencia del procés.
Sea cual sea la conclusión de esta investigación, desde Podemos lo ven muy grave. Si se trata del ataque de un país extranjero, sería un "hecho gravísimo" que el CNI no haya sido capaz de proteger las telecomunicaciones del presidente del Gobierno. Lo mismo si se trata de una "célula descontrolada" de los servicios secretos, "algo que ya ha ocurrido y no es descartable". En este caso, ha apuntado Pablo Fernández, pondría de relieve la "incapacidad palmaria para hacer limpieza" en las cloacas del Estado.