La Iglesia española tiene muchos frentes abiertos, no solo el de las inmatriculaciones. También hay el de la pederastia, un assumpte que ha sacudido al mundo durante los últimos años. Se han realizado investigaciones en varios países europeos, y ahora se ha abierto el melón al Estado español. Este mismo miércoles, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu registrarán en el Congreso de los Diputados una petición conjunta de comisión de investigación que pretende "investigar las agresiones sexuales a la infancia y la adolescencia cometidas por miembros de la Iglesia católica". Este sería el primer paso para después "poder planificar políticas públicas de reparación, prevención y atención a las víctimas de esta lacra". Cumple los requisitos del reglamento de la cámara, pero, como siempre, requerirá que el PSOE se ponga bien.
El documento que registrarán sostiene que "las responsabilidades políticas son evidentes cuando el poder público es el último responsable de garantizar a los menores la protección plena en todos los espacios de su vida, en especial, en los centros públicos y de instituciones concertadas con la administración".
En caso de prosperar, sería la primera vez que una institución pública española abre una investigación de estas características. Esta iniciativa ya se ha producido en otros países del entorno, como Francia. El pasado octubre, una comisión independiente publicó su informe después de dos años y medio de trabajo, y concluyó que al menos 216.000 menores fueron abusados en los últimos 70 años en el seno de la Iglesia francesa. Una cifra que aumentaría hasta los 330.000 si se tienen en cuenta los abusos cometidos por laicos. Como consecuencia del estudio, la Conferencia Episcopal Francesa admitió la "responsabilidad institucional" y la "dimensión sistémica" y se comprometió a vender patrimonio para indemnizar a las víctimas. Lo más parecido en nuestra casa es la comisión impulsada por el Síndic de Greuges en Catalunya.
El Gobierno, a través del ministro Félix Bolaños, ha trasladado su "preocupación" a la Conferencia Episcopal, después del informe que el diario El País remitió al Vaticano. Después de una visita a Roma, el cardenal Joan Josep Omella aseguró que las mismas diócesis investigarían los casos documentados, pero rechazó crear una comisión independiente como la francesa.
Ahora todo queda en manos del PSOE en el Congreso. Hace pocos días, en declaraciones a Europa Press, el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, ya advirtió que sería "extraño" que partidos como el PSOE "quedaran excluidos" de una iniciativa "de sentido común, razonable y en el sentido que pide el Papa Francisco."