El PP y el PSOE han anunciado un acuerdo para evitar cortes de electricidad a personas sin recursos que se desarrollará por ley. La paradoja es que se trata de una iniciativga similar a la ley catalana de emergencia social que el gobierno de Mariano Rajoy impugnó ante el Tribunal Constitucional en la parte referida a los desahucios.

Después de aceptar el encargo para la investidura, Rajoy insinuó que si se hacían las cosas "bien", el PSOE no tendría que sufrir por su acción de abstenerse para que gobernara el Partido Popular. El Congreso ha protagonizado este miércoles lo que podría ser un nuevo episodio en la voluntad de regalar los méritos de las leyes sociales a los socialistas y dejar fuera a Podemos. El ministro de Energía, Agenda Digital y Turismo, Álvaro Nadal, y el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, han anunciado un acuerdo para evitar los cortes eléctricos a las personas vulnerables, que cuenta con propuestas de Ciudadanos.

La ley todavía tendrá que ser desarrollada reglamentariamente. Nadal ha explicado que la definición de "personas vulnerables" está por concretar, y que además de aplicarse a la luz, estudian que se haga extensiva al gas. También hay que analizar la forma como se articulará el procedimiento para evitar los cortes de suministro, que supone una modificación del artículo 52. Se aplicará en función de la renta, todavía por concretar, todo el año y no sólo los meses de invierno. El acuerdo se concretará a través de un decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará esta semana o la próxima.

El ministro remitirá su texto de acuerdo a los grupos para que hagan aportaciones. Nadal se ha comprometido a que todo esté resuelto, y desarrollado el reglamento, en un plazo máximo de tres meses. Esta y otras cuestiones serán tratadas en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, donde tanto Catalunya como el País Vasco no irán. Preguntado por este diario sobre como interlocutará el Estado con la Generalitat y la lehendakaritza, el ministro ha quitado presión diciendo que había grupos en la cámara que representan sus intereses.

Precisamente, la ley española llega después de que el Tribunal Constitucional suspendiera artículos de la ley catalana sobre desahucios y pobreza energética, aunque más tarde algunos recursos se retiraron en una comisión bilateral entre los dos entes. Al respecto, Nadal ha afirmado que aquellos que tengan una legislación diferente, también la tendrían que poder aplicar, siempre que se ajuste a la legalidad. Eso pasa porque la competencia energética es de las comunidades autónomas, y la implementan ellas y por proximidad ayuntamientos, pero parte de la judicial es del Gobierno.

De momento, el PSOE le garantiza su apoyo a cambio de esta "tregua energética" y de darle apoyo a la reforma del bono social, la tarifa subvencionada que se aplica a los consumidores de ingresos bajos. Por eso, el ministro ha celebrado que con el acuerdo se soluciona el tema "más urgente" del sector eléctrico, que era aclarar la financiación de este bono. Así se consigue evitar los elementos que el Supremo señala que dificultan o pueden suponer discriminación entre diferentes operadores, a la hora de financiar "correctamente" el bono social y "todo el resto", como la prohibición de los cortes de luz.

Este suceso llega después de que el PP pactara el salario mínimo con los socialistas, a pesar de la proposición de la formación morada aprobada en la cámara baja para el incremento del mismo. "Podemos no ha hecho los deberes, no me contestaron el documento que les envié", ha dicho Nadal. "Nosotros presentamos un documento articulado, por el cual hemos estado trabajando mucho, con expertos", ha reivindicado Hernando. La cuestión es que fuentes de la formación morada denunciaban desde primera hora de la mañana que "cuando un ministro quiere, te llama", convirtiendo el Congreso en un patio de escuela.

C's también afirma que la interlocución con el Gobierno fue difícil, pero le hicieron llegar sus sugerencias el martes por la tarde y serán comprendidas en el acuerdo. La cuestión es que la formación naranja ya tiene un pacto de Gobierno con el PP, que aboga por esta cuestión.