El independentismo, el nacionalismo y el soberanismo ha vuelto a cerrar filas en el Congreso para hacer una denuncia: la actuación de las cloacas del Estado contra la disidencia política. Sobre el terreno concreto, Unidas Podemos, ERC, JxCat, la CUP, el PNV, EH Bildu, el BNG, Más País y Compromís han firmado una declaración conjunta para denunciar el presunto espionaje contra el presidente del Parlamento, Roger Torrent, pero también las informaciones referidas al caso Villarejo. Piden "investigar hasta el final" estos casos dada su gravedad.

El texto firmado por los diferentes grupos del Congreso critica que el uso del programa Pegasus "por motivos políticos para perseguir la disidencia es intolerable e impropio de un estado democrático y de derecho". En este sentido, lamentan que "una vez más, las cloacas del Estado actúan contra la disidencia política con herramientas opacas y antidemocráticas que vulneran derechos fundamentales". Constatan que "no es la primera vez que se recurre a la guerra sucia para perseguir a adversarios políticos".

 

"Esta misma cámara constató la existencia de una policía patriótica dedicada a atacar a los rivales políticos que contaba con su brazo mediático y su brazo judicial", señalan en el manifiesto. "No nos resignaremos a vivir en un Estado donde te pueden espiar en función de tus ideas políticas. En una sociedad que se pretenda democrática no puede tener cabida la persecución de rivales políticos con el uso de métodos ilegales, como lamentablemente hemos constatado en demasiadas ocasiones", añaden. Y advierten: "Esto nos debe preocupar a todos los demócratas".

Por todo eso exigen al Gobierno que "investigue los hechos, depure responsabilidades y adopte medidas drásticas para garantizar que nadie será víctima de espionaje por defender un determinado proyecto político". Del mismo modo, proponen que el Congreso "investigue nuevamente la existencia de las cloacas del Estado, también en su dimensión mediática, en el marco de una comisión amplia en la que puedan comparecer todos los implicados e implicadas".

"No dejaremos de exigir responsabilidades. Estos hechos hay que investigarlos. Nunca normalizaremos prácticas ilegales que vulneran derechos fundamentales. Es una exigencia democrática", aseguran.