Podemos ha reiterado este lunes su voluntad de rechazar la ley que delega a la Generalitat las competencias en inmigración. Así lo ha asegurado en rueda de prensa Pablo Fernández, uno de los portavoces de la formación morada, que ha argumentado que el pacto entre PSOE y Junts per Catalunya "no descentraliza competencias, sino que descentraliza el racismo". "Le pedimos a Junts que no esconda su racismo tras sus legítimas aspiraciones de autogobierno del pueblo catalán", ha señalado en una comparecencia en la que ha aseverado que la postura de su partido ante el acuerdo entre socialistas y juntaires no se ha movido ni un milímetro.
Las preguntas de los periodistas han pivotado en torno a la Iniciativa Legislativa Popular que pide la regularización de aproximadamente medio millón de personas; es una reclamación de Podemos aprobarla, y la prensa le ha preguntado si puede servir como canje para votar a favor de la delegación de competencias en inmigración a Catalunya. Fernández no ha sido determinante en su respuesta, aunque ha dejado esta puerta abierta: "Junts votó hace dos semanas en contra de una proposición no de ley que pedía esta regularización extraordinaria; dudo que en solo dos semanas Junts cambie su postura; como es una hipótesis que Junts pase a decir sí a algo que dijo que no, nuestra posición respecto de este acuerdo es uno no rotundo".
También ha lanzado un dardo contra Sumar, en tanto que Podemos fue la primera formación —tan solo unos minutos después de que esta se registrara en el Congreso de los Diputados— en manifestar su oposición a la norma que delega a Catalunya las competencias en inmigración. Con el transcurso de los días, miembros de la cúpula de Sumar, como Yolanda Díaz o Ernest Urtasun, han mantenido su apoyo al pacto; pero ya ha habido algunos miembros de la dirección de este partido —como es el caso de Elizabeth Duval, secretaria de Comunicación de la formación— que han mostrado sus dudas. Se ha generado división dentro del grupo parlamentario, hasta el punto de que el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ya ha anunciado que votará en contra.
"Ahora hay otros grupos que se dan cuenta de que la exposición de motivos contiene marcos racistas y de extrema derecha; no está mal que abramos camino", ha manifestado el portavoz en la rueda de prensa. Cabe destacar que el preámbulo de la norma, contrariamente a lo que exponen Podemos y algunos sectores de Sumar, describe la inmigración como un fenómeno que, a pesar de los retos que genera, es una oportunidad para el progreso cultural y económico. Y sitúa el catalán como un elemento de integración, positivo tanto para los migrantes como para la sociedad acogedora.
La beligerancia de Podemos contra la delegación a Catalunya de las competencias en inmigración
Podemos ha sido especialmente sangrante en su crítica a este pacto. Con argumentos puramente lerrouxistas, la formación morada ha agitado el miedo hacia una derecha catalana que, según sus postulados, siempre será más diabólica que la derecha española. En sus discursos, las competencias no se delegan a la Generalitat, sino a Junts, un partido que pretende "encarcelar y maltratar a migrantes", en palabras de Pablo Iglesias.
El exvicepresidente del Gobierno llegó a escribir en Twitter la semana pasada que la represión sufrida por el independentismo "no cambia que la derecha catalanista sea sionista y racista". La formación morada ha asegurado, en palabras de algunos de sus líderes, que Junts quiere estas competencias porque "entiende que la inmigración es un problema que se resuelve con mano dura, devoluciones en caliente y con CIE". Podemos —que formó parte de un ejecutivo que no ha cerrado nunca los CIE y que fue responsable de la masacre de la valla de Melilla de 2022, con 37 muertos y más de 70 desaparecidos— acusa ahora a los independentistas de querer hacer "batidas basadas en perfiles étnicos", perpetuar el "racismo institucional", hacer políticas "contrarias a los derechos humanos" y promover que "la inmigración es una amenaza para el catalán".