De acusación temeraria a retirada. Podemos ha informado a la Audiencia Nacional de que se retira como acusación popular en el juicio contra la familia Pujol Ferrusola por delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita por tener dinero no declarado en Andorra y destaparse el 2014. Según ha adelantado elMon y ha confirmado ElNacional.cat, el abogado Jaime Montero ha comunicado del desistimiento de la formación morada, justo una semana después de que se anunciaran las fechas del juicio, que se iniciará el 10 de noviembre de 2025. El partido fue el primero en presentar el escrito de acusación, el año 2020, y pedía a uno toda de 20 años de prisión para el presidente Jordi Pujol, o alternativamente 16 años. Por el contrario, la Fiscalía pide para el expresident de la Generalitat, 9 años de prisión, mientras la Abogacía del Estado no lo acusa. Para los hijos, la Fiscalía pide de entre 8 a 29 años de prisión. El primogénito Jordi Pujol Ferrusola es a quien se pide más condena por delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
En el escrito, el abogado Montero ha justificado la retirada del partido del proceso penal asegurando: "Se encuentra suficientemente cubierta la acción penal por la acusación pública, y una vez que esta acusación popular ya ha contribuido con su iniciativa a la depuración de los hechos investigados."
Sin citar a la operación Catalunya
En concreto, el abogado sostiene que Podemos, como acusación popular, "ha impulsado desde su mismo inicio la investigación de graves conductas delictivas, lo cual ha servido para depurar y esclarecer hechos muy relevantes que serán objeto de enjuiciamiento". No obstante, la Fiscalía no ha probado ninguna acción corrupta de Jordi Pujol en su cargo como president de la Generalitat, que ocupó hasta el 20 de diciembre de 2003, remarcan en el escrito de defensa sus abogados, Cristóbal Martell y Albert Carrillo.
Además, durante la instrucción, la policía patriótica del PP intentó aportar información falsa o no contrastada, a través de un pendrive, que podría haber contaminado toda la investigación. En estos últimos años, se ha descubierto que la familia Pujol Ferrusola, junto con el president Artur Mas y el entonces alcalde Xavier Trias, fueron investigados de forma ilegal y se dieron informaciones bancarias falsas de ellos, en el que se ha conocido como operación Catalunya, que ElNacional.cat ha recopilado en documentos. Precisamente, esta semana se ha retomado la comisión en el Congreso de Diputados de la operación Catalunya con la declaración del comisario Marcelino Martín Blas. El comisario ha confirmado las acciones contra los líderes de Convergència, pero él también tuvo un papel clave en la extorsión de los titulares de la Banca Privada de Andorra (BPA) y el Banco Madrid.
Todo y las irregularidades de la policía patriótica, la causa penal se ha mantenido viva porque Jordi Pujol confesó, el verano del 2014, que tenían dinero no declarado en Andorra, y que provenía de una deixa del abuelo Florenci, su padre. El dinero, dijo, eran para su mujer Marta Ferrusola, que murió el julio pasado, y para sus siete hijos.