Unidas Podemos, que ejerce de acusación popular en la causa contra la familia Pujol Ferrusola, solicita al expresident de Catalunya Jordi Pujol una pena de hasta 20 años de prisión por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. Esta pena se podría ver reducida a 16 años en caso de que se considere la figura de asociación ilícita en lugar de la de organización.
De la misma manera, en su escrito de acusación, según informa Europa Press, pide a la mujer de Pujol, Marta Ferrusola, penas que irían de los 13 a los 17 años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Según la formación lila, el papel de Ferrusola, igual que el de Pujol en esta asociación ilícita, era el de dirección. La petición de penas asciende en el caso del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para quien esta parte pide 50 años y seis meses de prisión por asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública en relación al IRPF de los años que van del 2007 en el 2012. De la misma manera que pasa con sus padres y hermanos, estas penas se pueden ver incrementadas en caso de que se decida que es más destacado el delito de organización criminal que el de asociación ilícita, de manera que llegaría a los 54 años y seis meses.
Podemos tilde a toda la familia de haberse aprovechado de "su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios para acumular un patrimonio desmesurado, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas."
A mediados de julio, el juez instructor de esta causa en la Audiencia Nacional, José de la Mata, propuso enviar a juicio al expresidente, a su mujer sus siete hijos para formar presuntamente una organización criminal. En el acto de transformación de la causa en procedimiento abreviado y que ponía fin a la investigación de la pieza principal de este caso, el titular de Juzgado Central de Instrucción número 5 consideraba que los hechos serían constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.