La semana política madrileña ha sido agónica. Ha habido una batalla entre PSOE y PP por el nombramiento de Teresa Ribera como comisaria europea, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha comparecido en el Congreso para dar explicaciones sobre la DANA, la Moncloa ha empezado su ofensiva contra Carlos Mazón, el comisionista del caso Koldo ha apuntado directamente a Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo ha amenazado con una moción de censura. Pero lo que más quebraderos de cabeza ha generado ha sido la incertidumbre de cuál sería el desenlace de la reforma fiscal, porque Podemos amenazó hasta el jueves con no entregar sus imprescindibles votos y tumbar el paquete. Los morados continúan en su 'operación vendetta' contra Yolanda Díaz y se reivindican como la izquierda más pura del hemiciclo español. Viendo a Sumar en sus horas más bajas, el partido de Ione Belarra enseña los dientes, recupera posiciones en la guerra para controlar su espacio, y se añade a la pugna Junts-ERC para agravar la inestabilidad de Pedro Sánchez.
El resumen de la película es que este 31 de diciembre iban a caducar los impuestos a la banca y a las energéticas, dos tributos que el Gobierno y la mayoría de sus socios querían mantener. Pero finalmente el PSOE, Sumar, Junts y PNV acordaron que solo se mantuviera el impuesto a la banca en un paquete fiscal que, a grandes rasgos, también impone un 15% de tributación a las multinacionales, gravámenes a los cigarrillos electrónicos y el tabaco, un aumento del IRPF en las rentas más altas, y menos presión fiscal a microempresas y cooperativas, con bonificaciones para la reinversión empresarial y clubs deportivos. Esquerra Republicana, Bildu y BNG pactaron con los socialistas votar a favor a cambio del compromiso del Gobierno de prorrogar el impuesto a las energéticas en forma de decreto ley en las próximas semanas. Pero faltaban los votos de Podemos: los morados exigían la "garantía" de que Junts y PNV acabarían votando a favor. La solución final ha sido acordar la creación de una comisión negociadora con todos los socios para intentar pactar una proposición de ley sobre impuestos a energéticas. Si la negociación fracasa, el compromiso del Gobierno es presentar un decreto ley; tal como había pactado previamente con republicanos y abertzales.
Se ha bromeado mucho en los pasillos del Congreso entre periodistas y políticos de varias formaciones sobre el pacto que ha acabado aceptando Podemos con el PSOE: es prácticamente lo mismo que ya habían acordado ERC, Bildu y BNG. Y, a la vez, Junts insiste en que todas estas promesas quedarán descafeinadas porque tienen pactado con la Moncloa no gravar a las energéticas que mantengan su compromiso efectivo para la descarbonización, con el objetivo de no poner en riesgo las inversiones en Catalunya. "Mi trabajo consiste en pintar la pared de un color que a uno le parezca que es amarilla y al otro le parezca que es roja", explica a este periódico un ministro de máxima confianza de Pedro Sánchez. Sea como sea, el desenlace ha sido una victoria del Gobierno, pero el mensaje ha quedado claro: Podemos ha gesticulado y ha amenazado con provocar una nueva derrota parlamentaria a Pedro Sánchez, esta vez de grandes dimensiones.
La reforma fiscal que se ha aprobado este pasado jueves en el Congreso ha sido la antesala de intentar aprobar la senda de déficit que el PSOE negocia con Junts. Y después vendrán los presupuestos. Podemos ya ha situado líneas rojas para que las cuentas de la ministra María Jesús Montero puedan salir adelante: bajar por ley el precio de los alquileres en un 40%, prohibir la compra de vivienda que no sea para residir en ella y romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel. Lo que más preocupa al Gobierno no es la dimensión de las exigencias, sino las maneras: los morados lo han consultado a sus bases y estas lo han avalado; han adquirido un compromiso directo con la militancia. Y eso hace pensar a la Moncloa, según apunta en ElNacional.cat una fuente de alta jerarquía en el Consejo de Ministros, que "Podemos adopta una posición para poder presumir de ser ellos los que provoquen que no haya presupuestos", con el argumento de que las exigencias de los morados en materia de vivienda no tienen cabida en la Constitución.
Preguntados por este argumentario y por su ofensiva contra Sumar, desde Podemos responden que ha llegado el momento de dar un golpe sobre la mesa. "Estamos hartos de que a la Constitución solo se le pueda dar la vuelta con Junts, y que una cosa como la amnistía que decían que era anticonstitucional de repente deje de serlo; pero con nosotros no", apuntan desde la capitanía general de la formación morada. Estas fuentes aseguran que "es hora de ir a por todas", también ahora que el partido de Yolanda Díaz se está desangrando demoscópicamente, en medio de un escándalo como el de Íñigo Errejón por las denuncias por agresión sexual. "En esta legislatura PSOE y Sumar siempre dan por hecho que los votos de izquierdas ya los tienen, y que solo tienen que conseguir los de Junts; ha llegado el momento de hacer valer nuestros votos", sentencian.
Podemos olfatea sangre y está dispuesto a hacerlo dinamitar todo si eso le permite ganar la lucha cainita en su espacio político. Porque la desafección con Yolanda Díaz incrementa a marchas forzadas: no ha conseguido nunca 'matar' a la formación morada, no se ha consolidado como una opción fuerte a la izquierda del PSOE, sus resultados el 23-J fueron peores de lo que se esperaba, hizo aguas en las elecciones gallegas y vascas, y sufrió un porrazo estrepitoso en los comicios europeos, cosa que llevó a la vicepresidenta segunda a mantenerse en el Gobierno pero dimitir como líder orgánica de Sumar. Y los barómetros electorales ya no sitúan a tanta distancia Podemos de Sumar: pronostican que la plataforma de Yolanda Díaz empieza a estar en peligro de extinción.
La guerra de Podemos con Sumar, en medio de la pugna entre Junts y ERC
Cuando Podemos afila los cuchillos, a Pedro Sánchez se le desestabilizan todavía más sus cimientos, que ya son lo suficientemente frágiles a causa de la pugna entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, que también se ha puesto de manifiesto esta semana en Madrid. Como los republicanos habían votado el lunes en comisión en contra del impuesto a la banca para presionar al PSOE para un acuerdo sobre energéticas, Míriam Nogueras lo aprovechó el miércoles para hacer sangre: "Mañana veremos si algunos partidos catalanes continúan al lado de la derecha española y la banca española o están definitivamente al lado de Catalunya".
Al día siguiente, ponía en duda que el PSOE cumpliera la promesa alcanzada con ERC de presentar un nuevo decreto para mantener el impuesto a las energéticas. "Hemos estado viendo humo y titulares vacíos" durante la pasada legislatura, aseveró la líder juntaire en el Congreso de los Diputados. Y acusó de "demagogia y gesticulación" a los partidos del bloque de izquierdas porque defienden un impuesto a las energéticas que deja fuera de las grandes eléctricas que más se han enriquecido con la crisis energética.
Gabriel Rufián no se quedaba callado y también mordía el cuello de Míriam Nogueras el jueves cuando en un desayuno informativo le acusaba de trabajar "a favor de los consejos de administración" de determinadas empresas y no en pro de sus votantes. Y también advertía al PSOE de estar practicando un "juego peligroso" con la confrontación entre socios: "Es una locura negociar un paquete fiscal con Junts antes que con nadie y anunciarlo". El Gobierno tiene la suerte, de momento, de que PNV y Bildu todavía no están sumergidos en una amarga competición en Madrid sobre quien negocia mejor con él; porque los jeltzales ya gobiernan Euskadi en coalición con los socialistas vascos y porque los abertzales pasan por un proceso de normalización política a través de pactos con el PSOE. Pero algunas fuentes del Consejo de Ministros admiten que de las pugnas PSOE-Sumar y Junts-ERC pueden salir muy perjudicados; sin tener en cuenta, claro está, la asfixia judicial que acosa a Pedro Sánchez y su entorno.