La delegación de las competencias en inmigración a Catalunya ha conseguido esta semana cohesionar varios sectores de la izquierda española en uno de los elementos más transversales de la política estatal: la catalanofobia. Solo unos instantes después de que PSOE y Junts registraran en el Congreso la ley para hacer efectivo el traspaso, Podemos salía a anunciar su 'No', con la promesa de que sus votos —aritméticamente imprescindibles— harán descarrilar la iniciativa. El argumentario de los morados se basa en la idea de que es racista que Catalunya gestione la inmigración, pero no lo es que la gestione España. El díscolo del PSOE Emiliano García-Page ha criticado el acuerdo con la misma tesis. Y también se ha generado división dentro del grupo parlamentario de Sumar, porque algunos sectores de este espacio también han utilizado la catalanofobia para intentar dinamitar el pacto. Un diputado de Compromís, de hecho, ha avanzado que votará en contra. Representantes de la autodenominada 'izquierda plurinacional' han focalizado sus críticas en la exposición de motivos de la ley, pero han demostrado no haberla leído o bien han hecho una interpretación retorcida del texto. El preámbulo, ciertamente, expone la inmigración como un reto y al mismo tiempo una oportunidad y sitúa el catalán como un elemento de integración.

Podemos ha sido especialmente sangrante en su crítica a este pacto. Con argumentos puramente lerrouxistas, la formación morada ha agitado el miedo hacia una derecha catalana que, según sus postulados, siempre será más diabólica que la derecha española. En sus discursos, las competencias no se delegan a la Generalitat, sino a Junts, un partido que pretende "encarcelar y maltratar migrantes", en palabras de Pablo Iglesias. El exvicepresidente del Gobierno ha llegado a escribir en Twitter que la represión sufrida por el independentismo "no cambia que la derecha catalanista es sionista y racista". La formación morada ha asegurado, en palabras de algunos de sus líderes, que Junts quiere estas competencias porque "entiende que la inmigración es un problema que se resuelve con mano dura, devoluciones en caliente y con CIE." Podemos, que formó parte de un ejecutivo que no ha cerrado nunca los CIE y que fue responsable de la masacre de la valla de Melilla de 2022 con 37 muertos y más de 70 desaparecidos, acusa ahora a los independentistas de querer hacer "redadas basadas en perfiles étnicos", perpetuar el "racismo institucional", hacer políticas "contrarias a los derechos humanos" y promover que "la inmigración es una amenaza para el catalán".

La hemeroteca tumba los argumentos de Podemos

Pero la hemeroteca contradice a Podemos. Junts pedía en 2021 el cierre del CIE de la Zona Franca de Barcelona con el argumento de que es un centro que "vulnera los derechos humanos y denigra la dignidad de las personas". La entonces candidata a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, denunciaba precisamente las "políticas de falso progresismo" del gobierno de coalición de PSOE y Podemos en materia migratoria. Y a principios del pasado mes de febrero, Jordi Turull abría la puerta a cerrar estos centros en Catalunya. "Si los gestionas, los puedes cerrar", manifestaba en declaraciones a TVE en plenas negociaciones con el PSOE. Apuntaba que Junts pretende ofrecer una alternativa en la que haya "un punto de humanidad y dignidad" para las personas en los CIE, e insistía en la vocación de su partido para que "la Generalitat sea la institución de referencia absoluta para cualquier persona inmigrada que viene a Catalunya, tanto en derechos como en deberes".

 

En cambio, la hemeroteca sí que acredita que quien ha utilizado el etnicismo en Catalunya en beneficio propio fue Pablo Iglesias cuando en 2015 participó en la campaña de las elecciones en el Parlament. En un mitin, pidió el voto "a los que no se avergüenzan de tener abuelos andaluces o padres extremeños". Les instaba a "sacar los dientes" contra Artur Mas, máximo representante político en aquel momento del concepto 'burguesía catalana', un mantra utilizado por el españolismo para demonizar el catalanismo político. Acabó pidiendo disculpas de aquella manera con la que no se piden disculpas: "Si he ofendido a alguien con mis palabras, lo siento mucho".

¿Qué dice realmente la exposición de motivos?

El preámbulo de la ley, tan criticado por el nacionalismo español, describe la inmigración como un fenómeno que, a pesar de los retos que genera, es una oportunidad para el progreso cultural y económico. Y sitúa el catalán como un elemento de integración, positivo tanto para los migrantes como para la sociedad acogedora. En primer lugar, el texto empatiza con las personas con "falta de oportunidades" que huyen del terror y buscan una "vida mejor". Y señala que la inmigración puede aportar soluciones a la "baja natalidad" que registran las sociedades más desarrolladas, así como ser "la aportación de una fuerza de trabajo indispensable que no puede ser cubierta de manera suficiente por la mano de obra autóctona".

Por otra parte, la exposición de motivos expone la necesidad de "cohesionar la sociedad y evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia". Y dispara contra aquellas "ideologías radicales que buscan erosionar la paz, la prosperidad y la libertad" con "un radicalismo que abarca desde la xenofobia y el racismo hasta el integrismo religioso y el terrorismo". Dicho esto, el texto apuesta por "el establecimiento de derechos y deberes" tanto para los recién llegados como para la sociedad de acogida. Es entonces cuando se menciona la lengua catalana como un elemento indispensable para la integración de cualquier persona en Catalunya.

Chistes catalanófobos sobre la integración de los inmigrantes

"Los que no sepan catalán, que se vayan", decía una imitadora de Míriam Nogueras en un gag de humor catalanófobo del programa 'El Intermedio' de La Sexta de este miércoles. El presunto chiste incluía uno de los elementos que más ha indignado al españolismo (también el de izquierdas) estos últimos días: la intención de Junts de aprovechar estas competencias para hacer obligatorio el catalán para obtener el permiso de residencia.

Es una forma de tratar el catalán como una lengua de segunda. En tanto que, actualmente, el castellano es un requisito en España para que los inmigrantes obtengan la nacionalidad española. Aquellos que no provienen de países castellanohablantes tienen que superar un examen lingüístico, aparte de aprobar la prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España; un examen basado en los conocimientos sobre cultura, historia y sociedad española. Incluye preguntas sobre conocimientos constitucionales y de cultura general en el Estado como, por ejemplo, la elaboración de algunos platos típicos, o saber identificar a artistas y famosos. En tanto que Catalunya no es un Estado, no le puede reconocer a nadie la nacionalidad catalana, pero con las delegaciones de inmigración sí que podrá conceder permisos de residencia como hace actualmente España.

División en Sumar con un diputado que anuncia su voto en contra

Hoy por hoy, los únicos miembros de Sumar que han cerrado filas con el PSOE para defender el pacto en inmigración con Junts han sido los que son también ministros del gobierno de Pedro Sánchez. La primera en hacerlo fue la vicepresidenta segunda del ejecutivo español, Yolanda Díaz. Y también lo ha hecho el catalán Ernest Urtasun. El ministro de Cultura dio su opinión sobre este acuerdo cuando ya eran conocidos los planteamientos contrarios de Podemos. En una entrevista en TVE hacía pedagogía explicando que se trataba de un pacto "competencial y no de orientación de política migratoria". En referencia al partido morado, señalaba que es "difícil de entender que los partidarios del Estado descentralizado y de la cogestión de competencias voten en contra de una delegación de competencias". Y ponía encima de la mesa que "ahora en Catalunya hay una mayoría progresista en el Parlament".

De hecho, Més per Mallorca y los comuns son las únicas familias del grupo parlamentario que han aplaudido el acuerdo. Gerardo Pisarello ha recordado al resto de socios parlamentarios que todavía hay "margen" para enriquecer la ley en el periodo de enmiendas. Aina Vidal ha defendido, también, que ahora es la hora de una reforma "inmediata" de la ley de extranjería.

Han manifestado dudas sobre este pacto incluso miembros de la directiva de Sumar, como es la secretaria de Comunicación del partido, Elizabeth Duval, que también ha criticado el preámbulo de la ley. "Se compra parte del marco de Sílvia Orriols y Aliança Catalana cuando se habla del peligro demográfico y sitúa la inmigración como una amenaza; si se exagerara un poco se podría hablar de conservación de la pureza", ha llegado a decir.

Alberto Ibáñez congreso - Europa Press
Alberto Ibáñez, el diputado de Compromís que ha anunciado su 'No' a la ley / Foto: Europa Press

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha advertido que habrá que modificar el texto para conseguir el apoyo de algunos socios parlamentarios. Ha señalado que la norma, hoy por hoy, genera "dudas" técnicas, legales y también ideológicas. Y ha afirmado que no facilita convencer a los socios la "delirante" interpretación que hace Junts de la iniciativa, en clave "clasista, derechista y reaccionaria", porque "ni ellos asumirán control de fronteras ni será requisito el catalán para instalarse en Catalunya". También han manifestado sus reticencias al pacto PSOE-Junts miembros de la Chunta Aragonesista y de Más Madrid; formaciones también integradas en Sumar. Manuela Bergerot, líder del partido madrileño en la Asamblea de la Comunidad, exigió este miércoles "no poner a las personas más vulnerables en la diana".

Pero quien se ha mostrado ya dispuesto a dinamitar este acuerdo desde el espacio de Sumar ha sido Alberto Ibáñez, miembro de Compromís integrado en el grupo parlamentario de Yolanda Díaz que ha anunciado que votará en contra. Según su opinión, este pacto desplaza la agenda legislativa hacia "marcos racistas pertenecientes al auge de la extrema derecha en Europa". Si todos estos diputados mantienen la posición y no se llega a un pacto con socialistas y juntaires para —por ejemplo— aprobar a cambio la ILP sobre la regulación de inmigrantes o la ley de extranjería, la delegación descarrilará. Con una abstención, la norma superaría la toma en consideración, pero no su aprobación definitiva.