El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un plan excepcional "para solucionar la extraordinaria y grave situación producida por la acumulación de plazas judiciales de carácter jurisdiccional y gubernativo-jurisdiccional" pendientes de renovar. Así lo ha reconocido el Poder Judicial al magistrado Guillem Soler Solé, de la asociación Ágora Judicial, que ha presentado su candidatura a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y al mismo tiempo hizo un recurso contra las bases de la convocatoria de este cargo al detectar "deficiencias". En la resolución, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat este lunes, el pleno del CGPJ le ha respondido que desestima sus argumentos porque no ve ningún "veto de nulidad", sino propuestas de mejora de la convocatoria. En el recurso, el magistrado Soler cuestionó que se limite a 10 minutos la entrevista a cada candidato, y el Poder Judicial le ha admitido que aprobó recortar el tiempo de las entrevistas (antes duraban 60 minutos) a causa del gran número de plazas pendientes de cubrir.
Ciertamente, son más de un centenar las plazas pendientes de cubrir en los tribunales a causa de los cinco años que estuvo bloqueando el Poder Judicial, y que finalmente, el septiembre pasado, el PP aceptó resolver y pactar con el PSOE, los nuevos componentes, y con la presidencia de la magistrada Isabel Perelló. En la respuesta, el Poder Judicial afirma que la duración de 10 minutos de las entrevistas es excepcional y que "no es un sistema con vocación de continuidad", sino "un plan o cronograma concreto y ajustado al estado actual de las cosas, que facilite la provisión de plazas coadyuvando en la continuidad de los nombramientos, pero garantizando la observancia de las exigencias legales y de las bases de las convocatorias, con pleno respeto a los principios de mérito, capacidad, igualdad y paridad".
Tres candidatos al TSJC
Desestimado el recurso, el Poder Judicial tendrá que convocar ahora las entrevistas a los candidatos del TSJC. Soler se enfrenta a dos candidatas: Mercè Caso, de Jueces y Juezas por la Democracia (JJxD) y Cristina Ferrando, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y actual decana de los juzgados de Barcelona.
En este ritmo acelerado para renovar tribunales, el Poder Judicial ya ha realizado las entrevistas a los dos candidatos para sustituir al magistrado Manuel Marchena, en la presidencia de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, los cuales no hicieron referencia a la ley de amnistía, que, por ahora, el alto tribunal español no quiere aplicar.
Y este martes, se podrá escuchar en la web del CGPJ a las dos aspirantes a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Y también lo harán los candidatos únicos a las presidencias de las Audiencias Provinciales de Ávila y de Barcelona; aparte de los siete magistrados en la sala tercera del Supremo. El magistrado Antonio Ramón Recio (al final, en la foto de portada), presidente de la Audiencia de Barcelona, se vuelve a presentar.
Margen discrecional
El magistrado Soler también cuestiona que en las bases el Poder Judicial no valore el conocimiento de idiomas extranjeros – aparte de los dos cooficiales- de los candidatos a la presidencia. El pleno del Poder Judicial le precisa en la respuesta que, aparte de los méritos fijados en la convocatoria, tiene "discrecionalidad" para valorar otras cualidades de los candidatos. "Hemos afirmado que una vez comprobado jurisdiccionalmente que los candidatos consiguen niveles de excelencia en cuanto a los criterios de mérito y capacidad, el Consejo General del Poder Judicial conserva un margen de discrecionalidad indudable, siempre que se respete la sujeción a los elementos reglados que sean aplicables para nombrar al candidato que considere idóneo," responde el Poder Judicial al juez de Barcelona.
Finalmente, el CGPJ también le asegura que el hecho de que se valore más la experiencia gubernativa (Caso y Ferrando han sido decanas de Barcelona) que la experiencia jurisdiccional no va contra el reglamento. Sin embargo, un presidente o presidenta del TSJC tendrá que presidir los juicios penales, según recoge la norma y tal como ha hecho el actual president del TSJC, Jesús María Barrientos, especialmente contra políticos por defender la independencia de Catalunya, desde el 9-N al 1-O.