La politización de la justicia en el Estado español se cronifica, ya que el PP y el PSOE mantienen las disputas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos candidatos tienen el mandato caducado desde diciembre de 2018. Es una irregularidad democrática que incluso recoge el Consejo de Europa en su informe del 2021. Por su parte, el sector más conservador del Poder Judicial, que es mayoritario, mantiene el pulso al PSOE por la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) (dos tienen que ser nombrados por el Gobierno y 2 por el CGPJ). Esta renovación es vital, ya que cambiará la mayoría en el tribunal de garantías, con 7 magistrados progresistas y 5 conservadores, hecho que tendría que permitir al Gobierno que no se le tumben las leyes que aprueba.
Ahora, desde Madrid, se sostiene que el CGPJ no encuentra candidatos. Uno de ellos era Manuel Marchena, presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo y ponente de la condena a los líderes independentistas catalanes, que habría rehusado la propuesta de una parte del Poder Judicial. Hay un sector del CGPJ que no quiere proponer ningún candidato. Marchena ya vivió como se le estropeaba la posibilidad de ser el presidente del Poder Judicial: en noviembre de 2018 rehusó el cargo cuando el PP filtró que colocaban a uno de los suyos. También ha salido como posible candidato al TC el nombre del magistrado Pablo Llarena, instructor del Supremo de la causa catalana, por el hecho de haber sido presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como se ha mantenido en otras ocasiones.
El año judicial, el primer choque
El primer choque entre el Poder Judicial y el Gobierno se vivirá el miércoles, 7 de septiembre, en el salón de plenos del Tribunal Supremo, donde se hará, como es tradición, el acto de apertura del año judicial 2022-2023, presidido por el rey. Intervendrán el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. Está previsto que Lesmes vuelva a exigir al PSOE y el PP un acuerdo para renovar al órgano de gobierno de los jueces, con el fin de poder también cubrir las vacantes de nombramientos destacados, como en las salas del Tribunal Supremo. El gobierno de Pedro Sánchez modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para evitar que Lesmes y la mayoria conservadora del CGPJ escogieran magistrados más afines al PP. Este verano, el Gobierno modificó nuevamente la ley de forma exprés para devolver la potestad al CGPJ, pero solo para escoger los miembros del TC pendientes de renovar, y fijó el plazo de tres meses, que se cumplen el próximo 13 de septiembre.
Antes del verano, Lesmes anunció un pleno extraordinario el 8 de septiembre a fin de que los veinte vocales del CGPJ debatan y escojan a los dos magistrados o catedráticos que tienen que sustituir a los que tienen el mandato caducado en el TC. Hacen falta 12 votos para aprobar a un candidato. Los cuatro magistrados que se tienen que sustituir son: tres conservadores -el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares- y un progresista, el vicepresidente, Juan Antonio Xiol. Desde Madrid se afirma que los vocales conservadores y progresistas del CGPJ ni se han reunido para intentar consensuar los relevos, tal como les instó Lesmes.
Con respecto a los candidatos del Gobierno a incorporarse al Tribunal Constitucional ha aparecido el nombre del magistrado de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, miembro del tribunal del caso Gürtel, que en la sentencia ratificada por el Supremo afirmaba que el PP fomentó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local". De Prada también fue el ponente que redactó la absolución del mayor Josep Lluís Trapero y la anterior cúpula de Interior para el 1-O. El magistrado ya fue vetado para formar parte del CGPJ en el 2018. Hay expertos que señalan que, al final, el gobierno de Sánchez se decantará por magistrados y catedráticos no tan significados a fin de que no se tengan que abstener en temas importantes donde hayan dictado resoluciones.
Aparte de los cuatro magistrados pendientes de renovar, a finales de julio pasado, al magistrado del Tribunal Constitucional Alfredo Montoya, escogido por el Senado en el 2017, presentó su renuncia por motivos de salud.